La minería contribuye como nunca, pero gobiernos regionales fracasan

Según información del Ministerio de Energía y Minas (Minem), los recursos transferidos en el 2022 por las empresas mineras a los gobiernos subnacionales superaron los S/ 10,955 millones, un récord histórico de recaudación en las últimas décadas. El monto de los aportes mineros incluye el canon minero, regalías mineras legales y contractuales y derecho de vigencia y penalidad. Según el propio Minem, las transferencias de las empresas mineras a los gobiernos subnacionales representan un incremento del 166% con respecto al 2021.

Sin embargo, como ha venido sucediendo en las últimas tres décadas, la prosperidad que genera la minería y las inversiones privadas tiene en el Estado al principal enemigo para redistribuir socialmente la renta minera. Para entender la magnitud de las cosas: los 25 gobiernos regionales tenían más de S/ 13,000 millones para inversión social en el 2022. Sin embargo, a inicios de diciembre del año pasado, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, se informaba que apenas se había ejecutado alrededor del 50% proyectado para obras sociales.

En otras palabras, la minería aporta récords históricos de recaudación (comparen los aportes mineros con los presupuestos para obras de las regiones), pero las regiones y los gobiernos subnacionales sabotean la posibilidad de que poblaciones excluidas desarrollen proyectos de agua potable y alcantarillado, se construyan y mejoren los colegios, se levanten postas médicas y se tracen carreteras que aumenten la conectividad de las poblaciones y comunidades excluidas.

En otras palabras, el mercado y las inversiones sacan las mejores notas y el Estado sigue fracasando en todo. Y los gobernadores regionales –los principales responsables de la ineficiencia en el gasto– incluso se permiten demonizar a las empresas mineras y promover marchas que cuestionan la vigencia de la Constitución y el Estado de derecho.

Uno de los ejemplos dramáticos del fracaso general de la regionalización se grafica en la irresponsabilidad del Gobierno Regional de Puno. El 2021 Puno recibió S/ 114.5 millones; sin embargo, el 2022 la región puneña recibió S/ 525.8 millones; es decir, cinco veces más. He aquí lo grave, lo inaceptable e increíble: la región apenas llegó al 60% de ejecución de gasto. Sin embargo un ex gobernador, con un cinismo que asombra, propuso la escisión del Perú mediante la creación de “una república del sur”. El actual gobernador de Puno, Edgar Hancco, se niega a sentarse a conversar con el Ejecutivo priorizando la estrategia insurreccional contra el Estado de derecho que impulsan las vanguardias comunistas.

Uno de los grandes problemas que agrava el cinismo de los gobernadores regionales y las autoridades subnacionales, principales responsables de la exclusión y marginación de amplios sectores de la sociedad, es la ausencia de partidos democráticos y republicanos en las regiones del sur y las zonas mineras. Sin lugar a dudas hay una extrema limeñización y “caviarización “ de todas las fuerzas republicanas que deberían trasladarse al sur a enfrentar el cinismo de las autoridades subnacionales que, en el afán de eludir sus graves responsabilidades, se suman a la demonización de las empresas mineras que impulsan las corrientes comunistas.

En cualquier sociedad democrática, con partidos civiles con buena salud, ante una situación como la del Perú, los partidos políticos promoverían alianzas entre las población, las comunidades y las empresas mineras que generan la riqueza, con el objeto de exigir a los gobiernos regionales que redistribuyan adecuadamente la riqueza minera.

No existe ninguna justificación para que haya tantos peruanos sin agua, sin desagüe y sin electricidad. Una verdadera frivolidad de los sectores de izquierda que controlan los gobiernos subnacionales.