En el Perú, hablar de conectividad es hablar de desigua...
Se veía venir. La inestabilidad social, los paros y las protestas violentas de las últimas semanas han afectado directamente al sector agrario; pero sobre todo a la logística exportadora naviera, que corre el peligro de no cumplir con los tiempos ni los compromisos comerciales en los distintos mercados mundiales. Asimismo, hasta que el Ejecutivo no restablezca el orden público en las zonas agroexportadoras, bajo permanente asedio de minorías radicalizadas y violentistas, la logística agroexportadora estará en la encrucijada. ¿Cómo así? Les explicamos.
Vale indicar que las protestas violentas y la toma de las carreteras generan directamente la demora y paralización de los embarques –sobre todo– de las frutas peruanas, que precisamente durante estos meses están en campaña de exportación. Que las protestas se realicen durante estas semanas y coincidan con el auge de la campaña de cosechas ha sido sin duda una planificación bien elaborada de las minorías colectivistas que buscan paralizar el boom agroexportador.
Se debe entender el gran peligro que representa cortar la cadena de envíos agroexportadores. Por ejemplo, para las exportaciones destinadas a Asia las navieras tienen que poner a disposición al menos 10 buques de US$ 150 millones cada uno, solo para mantener un servicio semanal. En caso de que no se logre embarcar completamente estos buques, los espacios serán llenados con carga en otros puertos competidores del Perú. Y con ello el Perú pierde la confianza de los inversionistas.
La nueva ley agraria que el Ejecutivo y el Legislativo han elaborado pone en peligro el boom agrario que incrementó las exportaciones de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones antes de la Covid-19. Igualmente, por la mencionada norma se pone en riesgo una cadena logística altamente competitiva como la peruana. Los cambios de las reglas de juego en el sector agroexportador van a rebotar directamente en el costo de la logística y de los envíos de los productos agrarios a los mercados internacionales. Si las agroexportaciones comienzan a descender, los costos logísticos tenderán a incrementarse porque los contratos establecidos alrededor de determinados envíos dejarán de cumplirse. El resultado: menos economías de escala y mayores costos por producto exportado.
Todo esto se produce en medio de la pelea que el sector logístico y naviero libra contra el Estado porque durante la administración Vizcarra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) promulgó el Decreto Legislativo Nº 1492, que supuestamente busca impulsar la competitividad logística del comercio exterior, a través de la transparencia de los costos, y también asegurar la predictibilidad en las operaciones que realizan los usuarios con respecto a los servicios contratados.
Como ya lo hemos explicado en otras ediciones, los burócratas defensores del D.L. N° 1492 indican que la norma busca reducir la “asimetría en la información” y que los “usuarios negocien sus contratos en igualdad de condiciones”. No obstante, la norma ignora que el transporte marítimo internacional de carga se rige por contratos privados y, de acuerdo a la Constitución, el Estado debe respetar los contratos entre particulares.
Sin duda, cuando decimos que el sector logístico agroexportador, sobre todo el naviero, está en peligro no estamos exagerando. El sector corre un gran riesgo y, al parecer, el Ejecutivo y el Legislativo, no están interesados en el tema.
COMENTARIOS