La inversión, el crecimiento y la amenaza de la Agenda 19

El ministro de Trabajo, Eduardo García, acaba de declarar que la llamada “Agenda 19”, que planteó el ex titular del sector, Iber Maraví –vinculado a las corrientes maoístas y al Movadef– no es “el derrotero a seguir”. También sostuvo que el decreto supremo que prohíbe la tercerización laboral –hoy inaplicado por una resolución de Indecopi–, el de las negociaciones colectivas para sindicatos (por fábrica, rama y grupos empresariales) y el que liberaliza en extremo el derecho a huelga no serían derogados por el Ejecutivo. Agregó que él prefería que el decreto sobre tercerización se resuelva en el Poder Judicial.

El ministro de Trabajo con estas declaraciones acaba de enviar una peligrosa señal a favor de los sectores anti-inversión y genera incertidumbre con respecto al gabinete Otárola. A nuestro entender, el titular de Trabajo pretende desarrollar un equilibrio entre la Agenda 19 y las demandas que buscan derogar los decretos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Vale recordar que la Agenda 19 busca instaurar un sistema de relaciones laborales basado en sindicatos y promueve abiertamente la guerra de clases, como si el bienestar de los trabajadores dependiera de la lucha sindical y no de las inversiones y la innovación del empresariado.

Por otro lado, vale recordar que los mencionados decretos promulgados por el MTPE en el pasado Gobierno de Pedro Castillo nos convirtieron un neto país bolivariano y colectivista: las señaladas normas fueron promulgadas sin consultarse con los sectores empresariales, ignorándose todo tipo de diálogo, a tal extremo que los empresarios se retiraron del Consejo Nacional del Trabajo del MTPE y que la propia Organización Internacional del Trabajo criticó duramente cómo Betssy Chávez, ex titular del sector, promulgó dichos decretos.

Por si a alguien no le parece muy grave que los empresarios se hayan retirado del Consejo Nacional del Trabajo, le recordamos que el 80% de los ingresos fiscales y que el 80% del empleo son provistos por el sector privado. En otras palabras, los empresarios son la gallina de los huevos de oro del Perú; son quienes, como se dice, paran la olla de la sociedad. Únicamente en Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua el sector privado es ignorado a la hora de promulgar normas laborales. En cualquier caso, las declaraciones de García generan preocupación en los peruanos de buena voluntad. 

Vale recordar que, junto a la propuesta de la asamblea constituyente y los anuncios de las nacionalizaciones, durante el Gobierno de Castillo los decretos laborales del MTPE representaron las mayores modificaciones al modelo económico de las últimas tres décadas. Si a estos misiles contra el modelo le sumamos la inestabilidad política permanente del Gobierno de Castillo, hallaremos las explicaciones de que no haya nuevas inversiones en el país.

En el Perú el año pasado apenas se creció 3%, y para el 2023 se proyecta una expansión que apenas superará el 2%. Cifras con las que es imposible seguir reduciendo la pobreza. ¿Cuál es la principal causa de la ralentización del crecimiento, no obstante que los precios de los minerales en el 2022 alcanzaron niveles históricos? La respuesta es una sola: no hay nuevas inversiones, la inversión privada está cayendo. Es evidente, pues, que la decisión de relanzar la inversión privada pasa por derogar los decretos en cuestión.

Todos los economistas y entidades señalan que el Perú, luego de superar el fallido golpe de Castillo y el plan insurreccional de las vanguardias comunistas, necesita recuperar la gobernabilidad, necesita restaurar la confianza de los inversionistas en las políticas públicas nacionales. ¿Cómo se puede avanzar en ese sentido si existen dudas en la derogación de los señalados decretos del MTPE?