¿La economía peruana ya es chavista?

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de cambiar los plazos de prescripción de las deudas tributarias en el Perú tiene la misma connotación negativa para la economía de mercado que la frustrada estatización de la banca de los ochenta, que el gambito del Ejecutivo de estatizar las clínicas en plena pandemia (pese a que solo atendían al 5% de la población) y, en general, de la labor anti inversión que desarrolló el Gabinete Zevallos, bajo la conducción del Frente Amplio. Hoy el Perú es la economía con la mayor recesión del planeta. 

La decisión del TC, que viola el principio de la no retroactividad de las normas, es claramente un portaaviones anticapitalista que le comunica a los ciudadanos y las empresas, más o menos, lo siguiente: ¡Salvo el Estado, todo es ilusión! La Constitución y las leyes no importan si el Estado te tiene que cobrar deudas. Si las cosas son así, entonces, la posibilidad de que el Estado cobre deudas por fuera de los plazos de prescripción, representa una clara forma de expropiación. En otras palabras, el camino de las estatizaciones, de la “socialización de la economía”, ya empezó en el Perú. 

Un ejemplo: en un reciente comunicado la empresa minera Buenaventura señala que no tiene deudas tributarias con la Sunat. Se agrega que la supuesta deuda nace de una controversia originada en los años 2007-2008, en que la suma inicial era de S/ 373 millones. Las multas y los intereses de la autoridad tributaria convirtieron esta cantidad en S/. 2,083 millones. La empresa explica que la mencionada controversia nació de “la modalidad de venta del oro con sus clientes, de precios fijos a precios variables”, y que este sistema representó una disminución de ingresos y del correspondiente pago de Impuesto a la Renta. Pero eso no es todo. Esta supuesta deuda prescribió, según las leyes establecidas, al momento de declararse la obligación. Bueno, el TC ha dicho que nada vale. El Estado es el rey o el partido absoluto, y las leyes son relativas a la hora de pagar al Estado ineficiente, que solo hincha la burocracia.

Pero lo más grave es que desde el Ejecutivo, el Congreso y ahora del TC se escuchan voces acerca de que “las empresas deben pagar sus impuestos como los demás ciudadanos”. ¿En qué país vivimos? ¿Acaso no se sabe que solo el 40% de la economía es formal y el resto informal? ¿Cómo ese escaso margen de formalidad podría permitirle al Estado gastar –antes de la pandemia– alrededor de US$ 65,000 millones anuales en los gobiernos central, regionales y locales, y las empresas públicas? Todo suena a la locura colectivista previa al zarpazo chavista en Venezuela.

Nuestros políticos deberían saber que el 80% de los ingresos fiscales provienen del sector privado, que alrededor de 40 corporaciones pagan el 85% del impuesto a la renta que recauda el fisco y que el 80% del empleo lo provee el sector privado. Nuestros privilegiados burócratas colectivistas deberían saber que sus quince sueldos se pagan puntualmente porque la gallina de huevos (el sector privado) todavía sigue produciendo riqueza, y deberían tener consciencia de que los ricos, las clases medias y los pobres –que no trabajan en el Estado– se han ajustado los cinturones en esta pandemia y en esta recesión como nunca en los últimos 30 años.

Si observamos las reglamentaciones y sobrerregulaciones que empieza a aplicar el Ministerio de Trabajo a través de Sunafil (apretar a empresas quebradas suena a delirio, ¿no es verdad?), el Ministerio de Salud a través de los protocolos sanitarios, el Ministerio de Producción con las llamadas fases de reactivación, y las sumamos a los hechos arriba mencionados, cualquiera diría que los burócratas del Estado han identificado al sector privado como el enemigo a destruir.

Y si le agregamos que el Ejecutivo ha firmado el llamado Acuerdo de Escazú, un aterrador tratado anticapitalista envuelto en radicalismo ambiental, que convertiría al Perú en parte del ensayo globalista anti inversión que promueven algunos sectores, habría que preguntarse, ¿en qué momento se acabó la economía de mercado en el Perú? O quizá, ¿acaso la economía peruana ya no es chavista?