La defensa del sector privado y la libertad

Es incuestionable que las movilizaciones más grandes de las últimas décadas, que exigen transparencia electoral y respeto al voto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) –frente a la negativa de la corte electoral a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales–, tienen en su base el deseo de que se mantengan las libertades. Mal que bien, a pesar del fracaso general del Estado, en el Perú han prosperado las libertades políticas y económicas.

El objetivo de que se mantengan las libertades nace como respuesta al programa que Perú Libre ha presentado y que el candidato Pedro Castillo no ha descartado de plano, al margen de algunos fuegos de artificio destinados a encandilar a la derecha. Finalmente, la persistencia en la propuesta de convocar a una constituyente es la expresión meridiana de que no existe hoja de ruta y que el plan de Perú Libre sigue vivo.

Por todas estas consideraciones, en las movilizaciones ciudadanas que exigen la continuidad de las libertades también existe la demanda de mantener el respeto a la propiedad, a los contratos, a la iniciativa empresarial y los principios macroeconómicos que le han posibilitado al Perú triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20%, hasta antes de la pandemia.

De allí que no es exagerado sostener que las movilizaciones ciudadanas más grandes del presente siglo son una gesta que desarrollan las clases medias que han emergido en las últimas dos décadas. Estos sectores van desde las clases medias consolidadas hasta las clases medias precarias o vulnerables, que podrían caer bajo la sombra de la pobreza. Si se tratara de establecer cifras se podría sostener que el 50% de la población se puede considerar de clase media y un 30% es afectado por la pobreza.

Todos estos sectores que se movilizan exigen libertad y respeto a la propiedad privada. Y de una u otra manera, están dispuestos a presentar batalla en defensa de la Constitución y las libertades políticas y económicas.

Sin embargo, para que esas movilizaciones y protestas sean correctamente orientadas es hora de entender que la defensa de las libertades y la propiedad está estrechamente vinculada a la defensa del aparato económico que ha surgido en las últimas décadas. ¿A qué nos referimos? A la defensa de las inversiones mineras, de las inversiones agroexportadoras, de las inversiones en el sector turismo, y del crecimiento de las manufacturas y las industrias, entre otros sectores.

La clase media peruana debería entender que sería imposible explicar su situación económica y social sin las millonarias inversiones en las minas Las Bambas, Cerro Verde, Antapaccay y Constancia. Y sería imposible no solo por los impuestos que pagan al fisco, sino por los innumerables encadenamientos económicos y sociales que se producen a partir de las actividades mineras, hasta llegar a las clases medias urbanas.

El mismo razonamiento debe aplicarse a las inversiones en la agroexportación. El destino de las clases medias peruanas entonces está indisolublemente ligado al futuro del aparato productivo actual.

La izquierda comunista ha construido el relato acerca de que el aumento indiscriminado de los impuestos, los costos laborales y sociales excesivos y todas las medidas socializantes en las empresas, no afectan a la inversión. De ninguna manera. Igualmente nos han hecho creer que el bloqueo o la paralización de las inversiones mineras no tiene nada que ver con la situación de las clases medias. Falso de toda falsedad.

Cuando se bloquea una inversión minera se detiene la inversión privada y el capitalismo, tal como ha sucedido desde el gobierno nacionalista con la parálisis del proyecto Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. Y detener el capitalismo es condenar a muerte a las clases medias que requiere un constante incremento del PBI para consolidarse económica, política y socialmente.

Por todas estas consideraciones, si alguien pretendiera expropiar una mina al margen de la Constitución y las leyes, la respuesta natural de las clases medias debería ser movilizar a medio millón de ciudadanos en defensa del crecimiento y el proceso de reducción de pobreza.