¡La centro derecha debe salvar el aparato productivo!

Quien no haya entendido que las únicas sociedades en donde existen libertades son aquellas en las que la economía está mayoritariamente conducida por el sector privado, en realidad no ha entendido cuáles son las reales amenazas de los comunismos, los estatismos y los populismos. Para simplificar las cosas se podría señalar que en Cuba, Venezuela y Corea del Norte no existen libertades porque el sector privado ha sido barrido de la sociedad. Igualmente, si en Bolivia y en Ecuador, luego de que los chavismos controlarán el poder, es posible seguir luchando por las libertades (se acaba de ganar en Ecuador) es porque el sector privado no fue liquidado.

¿A qué vamos? Ante la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convalide los fraudes en mesa –con su negativa a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales–, la amplia oposición democrática que comienza a surgir –que logra reunir medio millón de personas en la Avenida de la Peruanidad– debería estar en condiciones de salir a defender la inversión privada, el aparato productivo y la economía, que se ha diversificado como nunca antes en la historia nacional.

El plan bolivariano, en una primera etapa, intentará presentar la imagen de que la economía, los mercados y el sistema de propiedad se regirán por la Constitución vigente. El anuncio de Perú Libre acerca de que Julio Velarde se mantenga en el BCR forma parte de ese libreto. Sin embargo, la estrategia de ganar popularidad a cualquier costo, para forzar la convocatoria de una asamblea constituyente, demandará relajar la macroeconomía (gasto y déficit) y utilizar la riqueza minera con criterios estrictamente políticos, tal como sucedió con el petróleo en Venezuela.

Asimismo, se buscará golpear o relativizar la importancia, sobre todo, de dos sectores en el crecimiento capitalista: la minería y la agroindustria. En la minería la oposición a nuevos proyectos de cobre continuará, se buscará paralizar algunas minas en operaciones y, seguramente, se convocarán inversiones de economías no occidentales con criterios geopolíticos. Sin embargo, el objetivo principal será utilizar la riqueza del cobre para ganar popularidad e implementar la estrategia de la constituyente.

En el caso de la agroindustria todos hemos contemplado cómo la administración Sagasti, la junta directiva del Congreso, el Ministerio de Economía y 3,000 activistas que bloquearon las carreteras del sur lograron derogar la mejor ley económica sectorial de las últimas dos décadas: la Ley de Promoción Agraria, que convirtió al Perú de un mendigo a una potencia agraria que exporta más de US$ 7,000 millones en 600 variedades de verduras y hortalizas. 

En este contexto, en Perú Libre se sigue agitando la idea de “una segunda reforma agraria”, no obstante que las tierras dedicadas a la agroexportación no sobrepasan las 250,000 hectáreas, y no obstante también que cerca de cuatro millones de hectáreas son conducidas por más de dos millones de minifundistas parceleros excluidos del crédito, de las tecnologías y los derechos de propiedad. Es decir, un universo de dos millones de agricultores minifundistas, donde predomina la pobreza y la subsistencia por exclusiva responsabilidad del Estado.

El Estado socialista en camino a la constituyente, que surgiría en el caso de que el JNE se niegue a contrastar las actas cuestionadas con los padrones electorales, entonces buscará popularidad y destruir y debilitar al extremo al sector privado.

En este contexto el inmenso frente de la centro derecha que empieza a surgir no solo debe marchar exigiendo respeto al voto, transparencia electoral, la defensa irrestricta de la Constitución de 1993, el respeto a las instituciones y al equilibrio de poderes, sino también la defensa del aparato productivo. La existencia de un sector privado fuerte siempre ha sido uno de los contrapesos más eficaces ante cualquier intento de centralizar el poder político y económico en manos de una camarilla comunista.