La Agenda 19 domina a políticos del Ejecutivo y el Congreso

La Agenda 19, del Gobierno de Pedro Castillo, que pretendía aprobar un nuevo código de trabajo en base al criterio de que la organización de sindicatos y la huelga son la base de la prosperidad de los trabajadores, al parecer, sigue controlando e influenciando a los principales políticos del Ejecutivo y del Congreso. De lo contrario, los dos poderes del Estado ya se habrían distanciado de la lógica laboral que impuso el Gobierno de Perú Libre y el Movadef, y habrían procedido a derogar las indicadas normas.

Como todos sabemos, durante el Gobierno de Castillo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) promulgó tres decretos laborales que prohibían la tercerización laboral y que fomentaban la sindicalización artificial en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales. Igualmente, una norma liberalizaba el derecho de huelga en extremo, con el objeto de promover la conflictividad. Los mencionados decretos promovían el criterio de que la lucha sindical y la guerra de clases son las únicas maneras de promover el bienestar de los trabajadores, porque “los empresarios solo se dedican a explotar a la gente, a extraer plusvalía”.

En este contexto, no es exagerado sostener que los tres decretos del MTPE del Gobierno de Perú Libre representan las mayores modificaciones al modelo económico de las últimas tres décadas, que se basa en la desregulación de mercados y precios, en la promoción de la inversión privada como fuente del empleo y el bienestar. Sin embargo, luego del fallido golpe de Castillo y de la violencia insurreccional que pretendió quebrar el Estado de derecho para instalar una constituyente, los tres decretos siguen vigentes sin que el Ejecutivo ni el Congreso se atrevan a derogarlos.

¿Qué significa semejante postura de los políticos? De una u otra manera los hombres públicos siguen apresados por los relatos colectivistas y comunistas que señalan que, en la creación de riqueza de una sociedad, el héroe es el trabajador, mientras que el empresario es el villano, el explotador, el que le roba a los trabajadores. Si los trabajadores fuesen los héroes en la creación de riqueza, las miles de empresas estatales de la ex Unión Soviética no se habrían convertido en las mayores fábricas de pobreza de la humanidad.

Igualmente, el temor de la mayoría del Congreso –que se opone a la constituyente– a restablecer la vigencia plena de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360), que establecía un sistema de flexibilidad laboral para los trabajadores agrarios, es otra expresión del temor de los políticos de aparecer al lado de “los empresarios”, de “los inversionistas”. La narrativa colectivista ha calado tan hondo en los políticos que se desconoce que gracias a la Ley 27360 los contratos formales en el agro se incrementaron de 460,000 directos e indirectos en el 2004 a más de un millón directos e indirectos en la actualidad. Es decir, un incremento de formalidad como en ningún otro sector de la economía.

El Perú tiene una de las diez legislaciones laborales más sobrerreguladas del planeta, de acuerdo con diversos rankings internacionales, y el resultado es devastador: más del 75% de los trabajadores está en informalidad, al margen de cualquier sistema de salud o sistema previsional. Otras estadísticas, incluso, hablan de más informalidad. En este contexto, el país se ubica como una de las sociedades más informales de la región.

Si los políticos no se deciden a discutir el acuciante tema de la legislación laboral y el combate a la informalidad, el modelo económico basado en la inversión privada comenzará a crujir. Es imposible seguir creciendo sin una reforma laboral que replique los sistemas de flexibilidad en los contratos de trabajo que han permitido a países como Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Singapur, elevar el bienestar de los trabajadores a niveles impensados y llegar al pleno empleo.