Izquierda pretende pulverizar el canon

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las inversiones mineras, hasta junio pasado, cayeron 17% con respecto a junio del año anterior. Las inversiones empeorarán si se cambia la actual legislación minera y se aprueba una nueva Ley General de Minería.

Gobernadores de la mancomunidad del sur peruano han presentado una propuesta para reemplazar la actual ley de minería, que ha permitido que la minería sume el 60% de nuestras exportaciones y se convierta el primer sector exportador. Los mencionados gobernadores pretenden que el impuesto a la renta de la minería se incremente a 80%. En otras palabras, en la práctica, proponen una estatización de la minería. El Estado, en general, es “socio” de las inversiones por el 30% de la renta que pagan las empresas cada año. 

Con el proyecto planteado, los gobernadores del sur también pretenden decidir sobre la minería en general, dejando a un lado la potestad del Gobierno Central. Plantean hacerse cargo de los derechos de concesión y de la fiscalización ambiental.   

La izquierda antiminera utiliza todos los medios para engañar a la población, haciéndole creer que la minería no paga impuestos, no contribuye con los poblados donde se establece y que el país debería exportar valor añadido en lugar de materias primas. Y además reclaman diversificación productiva.  

Si la minería no pagara impuestos, ¿de dónde sale el canon minero? El canon minero es el 50% del impuesto a la renta declarado por las empresas en cada ejercicio anual. El Estado, a más tardar, en julio del siguiente año hace las transferencias del canon correspondientes a cada región, provincia, distrito y universidad estatal. Este año, de manera excepcional, el 60% del canon ha sido transferido a las regiones para mejorar el avance de las obras. 

El canon, por ser un recurso extraordinario, debería servir para obras extraordinarias. Lamentablemente, estos recursos no son convenientemente utilizados por las autoridades locales ni auditados por la Contraloría. El canon, en lugar de servir para financiar obras relacionadas con agua potable, electrificación e infraestructura productiva, sirve para pagar el consumo y gasto corriente de los distritos, provincias y regiones. 

Sobre el canon se dice que se distribuye injustamente, que excluye a las regiones pobres del país. Esto no es cierto. El canon es el resultado de las inversiones que los pobladores aceptan dentro de sus territorios, porque el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se aprueba en una audiencia pública, con todos los pobladores de las zonas de influencia minera. 

Se dice que el canon debería llegar directamente a las comunidades, en lugar de ser administrado por los distritos donde se desarrolla actividad minera. Con esto, la atomización del canon bloquearía su principio redistributivo: recurso para obras excepcionales, de gran envergadura. Y así como en los distritos el canon es utilizado en gasto corriente y consumo, las comunidades harían lo mismo, incorporando una burocracia encargada de despilfarrar los recursos provenientes del canon. 

Respecto al debate acerca de que la minería no crea valor agregado, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha demostrando que las actividades mineras, durante todos sus procesos, transforman el recurso natural (el insumo) en un producto más valioso. En la exploración, un recurso minero desconocido se vuelve conocido; y con la extracción obtiene valor comercial. En los procesos de exploración, minado, concentración, fundición y refinación, al recurso mineral se le agregan insumos y servicios. Durante la transformación, por distintos procesos tecnológicos, el recurso minero  aumenta su valor comercial. 

La izquierda anticapitalista y antisistema, vinculada a los gobernadores del sur, no argumenta, evade la discusión técnica, científica y razonada. Se queda en el estribillo simplón “agua sí, oro no”, “la minería contamina” y “no paga impuestos”. La minería moderna y responsable transforma de manera positiva los lugares donde se ha establecido, reduce la pobreza y amplía las posibilidades de los pobladores. Diversos convenios de cooperación relacionados con la educación salud, medio ambiente y actividades económicas de las comunidades están en marcha. Por la ausencia del Estado, la minería resuelve las demandas de la población.