Incertidumbre política y concesiones forestales

¿Cuál será el futuro de las concesiones forestales en un eventual gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre, que ya han anunciado expropiaciones y renegociaciones de contratos y derechos? Es evidente que las cosas no son nada alentadoras.

En el Perú no hay nada para celebrar en el Día Internacional de los Bosques. Todo lo contrario, la pérdida de bosques en la Amazonía se ha incrementado de 72,000 hectáreas en 2019 a 88,200 hectáreas en 2020. En este escenario adverso, el crecimiento del cultivo de hoja de coca se ha incrementado en los bosques deforestados. Por ejemplo, en estas áreas la producción de hoja de coca ha pasado de 649 toneladas métricas a 810 toneladas métricas en el mismo periodo, según la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca. 

Asimismo, el temor de los pobladores amazónicos es cada vez mayor ante el Militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que controla zonas importantes de la selva. El asesinato de 16 personas, entre ellos niños, el 23 de mayo pasado ha sido un acto perpetrado con el fin de crear zonas liberadas de la autoridad estatal. Lamentablemente, las investigaciones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas sobre los autores del delito no han tenido mayor repercusión. 

El Estado ha fracasado en otorgar concesiones viables que posibiliten inversiones que contribuyan a reforestar los bosques y detener la deforestación general. Igualmente, la titulación de las tierras de las comunidades nativas no avanza a la velocidad necesaria y se bloquea en las sobrerregulaciones. A estos hechos se suma la ausencia de infraestructuras de comunicación y el abandono del Estado de cualquier principio de autoridad. En la Amazonía se impone la llamada “ley de la selva”. Es una tierra de nadie.

Según Carlos Cabrejos, abogado especialista en asuntos forestales, esta situación se explica por “modelo institucional multicéfalo”, en el que diversas entidades y oficinas se superponen en la gestión de los bosques forestales. Tantas aduanas estatales demandan infinidad de sobrerregulaciones.

Entre estas entidades están el Ministerio de desarrollo Agrícola y Riego (Midagri) y el Ministerio del Ambiente (Minam) –con sus organismos correspondientes– que forman parte de este modelo ineficiente y altamente burocrático. También los gobiernos regionales y otras instituciones nacionales creadas según los convenios acordados con las oenegés vinculadas al marxismo. 

De la misma manera, constantemente se inventan procedimientos administrativos para justificar la existencia de tantas dependencias y los recursos económicos recibidos. Los préstamos de las instituciones internacionales son pagados por los peruanos que tributan. 

Según Cabrejos, entre 2010 y 2021 el presupuesto anual para la gestión forestal institucional fue de S/ 1,870 millones. El investigador asegura que un testimonio en el Congreso de la República señala que el 40% de ese presupuesto es destinado a gasto corriente, sueldos, arrendamientos de locales, mobiliario y otros. Cabrejos señala que “el Estado podría ahorrar S/ 622 millones de gastos administrativos y derivarlos al desarrollo forestal y de fauna silvestre”. 

Es evidente que este modelo nunca superará el “déficit forestal del país”, que se expresa en US$ 1,200 millones de importaciones de productos maderables, versus US$ 100 millones de exportaciones de madera.