Gobierno debe derogar decreto que restringe uso de leche en polvo importada

El Gobierno de Dina Boluarte y el Gabinete Otárola consideran que pueden establecer una ruptura clara y total con el proceso de destrucción económica y social que desató el Gobierno de Pedro Castillo sin derogar los decretos promulgados por el anterior Gobierno y que modificaron el modelo. Es evidente que se debe reconocer que el nuevo Ejecutivo le ha devuelto predictibilidad y gobernabilidad al país, al Estado y a la sociedad. Sin embargo, negarse a derogar los decretos más destructivos de Castillo, es creer que el congelamiento nos llevará por la senda del crecimiento.

Por ejemplo, durante el pasado gobierno se promulgaron decretos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohibían la tercerización, que fomentaban la sindicalización artificial en fábricas, sectores y grupos empresariales; y que liberalizaban en extremo el derecho a huelga. El objetivo de estas normas era fomentar el conflicto entre trabajadores y empresarios, la guerra de clases, bajo la creencia de que la prosperidad de los trabajadores dependía de la lucha y no de la inversión y la generación de empleo. ¿Cómo se puede relanzar la inversión privada y el crecimiento sin derogar estas normas?

Otra de las normas más perniciosas fue el Decreto Supremo 004-2022 del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), que prohíbe el uso de la leche en polvo importada en la elaboración de leche evaporada. Hasta hoy nadie conoce de los argumentos técnicos para establecer esta medida en la industria láctea, sobre todo considerando que para el Codex Alimentarius de la ONU y para la FDA de los Estados Unidos (Administración de Alimentos y Medicamentos), la leche en polvo se considera leche deshidratada, es decir sin agua. En términos generales los nutricionistas señalan que cuando se mezcla la leche en polvo con agua, esta recupera todas las vitaminas, proteínas y grasas presentes en la leche natural.

No se conoce entonces un argumento racional para esta medida. Sin embargo, los grandes ganaderos que fomentaron esta norma, con contactos en el gobierno de Castillo, argumentaron que el decreto era necesario para “enfrentar los abusos de la industria láctea en el país contra los pequeños ganaderos”. ¿Qué ha sucedido luego de que el decreto entrara en vigencia desde octubre pasado? 

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) ha puesto el grito en el cielo señalando que desde la vigencia de la mencionada norma el precio de la leche fresca ha comenzado a bajar de manera sostenida. Es necesario precisar que antes del DS OO4-2022, la leche fresca subía de manera permanente por el incremento de la demanda. Desde el 2021 subió en alrededor de 25%.

El motivo de la baja de precio en la leche fresca tiene que ver con que ya no se puede utilizar la leche en polvo para estabilizar las diferentes calidades de leche que producen, sobre todo, los pequeños ganaderos. La industria ganadera en el Perú es compleja y diversa porque concurren grandes, medianos y pequeños ganaderos con menos de diez cabezas de ganado.

Por falta de inversión, equipamiento, tecnología y asesoramiento, los pequeños ganaderos no pueden producir leche de acuerdo a la demanda de la industria láctea nacional, una demanda que debe ajustarse a los estándares internacionales de producción. 

Si consideramos que, a nivel nacional, las unidades de producción de leche suman alrededor de 400 mil unidades, de las cuales el 86% corresponde a las pequeñas, entonces, tenemos un enorme problema social que se ha creado en la industria ganadera con un decreto que solo favorece a los grandes ganaderos del país.

Por todas estas consideraciones el gobierno de Boluarte debería derogar el absurdo decreto que restringe el uso de la leche en polvo importada, como se dice, al término de la distancia.