¡Fracasa la segunda ola insurreccional en el sur!

El reinicio de las acciones insurreccionales –que exigen la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto general de elecciones, la convocatoria de una constituyente y la instauración de una república en el sur del Perú– al cierre de esta edición, se había convertido en un fracaso general del Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef) y los núcleos comunistas y radicales vinculados al eje bolivariano.

Si bien es cierto que diversos piquetes y núcleos organizados habían logrado paralizar casi todo el departamento de Puno, sobre todo mediante el bloqueo de las vías, era evidente que “la acción de masas en el sur” no había conseguido los objetivos planteados. En el Cusco, Andahuaylas, Apurímac, se habían bloqueado algunas vías interiores, pero nada que señalara paros regionales. Únicamente el bloqueo de la carretera que conecta Puno y Arequipa llamó la atención.

En la nueva oleada de violencia del 4 de enero, entonces, no hubo nada parecido a la ofensiva insurreccional que lanzaron los núcleos comunistas luego del fallido golpe de Pedro Castillo: no se bloquearon las vías nacionales para desabastecer a las ciudades, no se atacaron ni destruyeron los aeropuertos del sur, ni se atentó contra los sistemas energéticos e hídricos del país, con el objeto de desatar la anarquía general y convocar a una constituyente. A pesar de la acción de las vanguardias comunistas, el sur del Perú -considerando la zona costera y la parte andina- continuó con sus actividades con relativa normalidad.

Algo más. Es incuestionable que las vanguardias comunistas que desataron el caos luego del golpe de Castillo se han aislado de las mayorías silenciosas del sur del Perú, sobre todo porque son los responsables directos de la quiebra económica de los departamentos sureños en plenas fiestas de navideñas y de Año Nuevo. El rechazo a la violencia de las mayorías hoy es pasivo y silencioso; sin embargo, se puede convertir en proceso activo, dependiendo de los daños a las economías regionales. Por ejemplo, si en Puno persisten los bloqueos indefinidos, casi estamos seguros de que la abrumadora mayoría de población, dedicada al comercio y a los pequeños negocios, se alzará y se organizará contra la violencia.

En el caso de Lima, la suma de núcleos radicales no superó las mil personas, quienes desataron la violencia contra la policía en un intento desesperado por llegar a las puertas del Congreso.     

Semejante balance, pues, nos permite sostener que la declaratoria, por parte del Gobierno de Dina Boluarte, del estado de emergencia a nivel nacional y el estado de sitio en algunas provincias críticas fueron decisiones acertadas. Y la decisión de encargar a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) el resguardo del orden público y la preservación de los activos críticos (sistemas vial nacional, aeropuertos y sistemas hídricos y energéticos), es la principal explicación del restablecimiento de la ley y el orden en el Perú.

Al respecto, las vanguardias comunistas, las únicas responsables de las tristes y lamentables muertes de 25 peruanos, han desatado una feroz campaña, una guerra de relatos y fábulas, para intentar responsabilizar a nuestros soldados y policías de la trágica muerte de peruanos. ¿En qué lugar del mundo un soldado puede renunciar a ejercer el uso legítimo de la violencia cuando se ataca un aeropuerto de la patria?

Sin embargo, de una u otra manera, la estrategia contra la violencia insurreccional no puede reducirse a la heroica labor de soldados y policías. El Ejecutivo, el Gobierno, deben llevar al Estado al sur del Perú y a Puno, con objeto de resolver los problemas sociales acumulados. La idea debe resumirse en que Lima, la costa, se trasladan al sur del país. 

De otro lado, el Ministerio Público debe identificar y procesar con la ley en la mano a todos los violentistas que desataron enfrentamientos que causaron la muerte de peruanos. Es lo que corresponde hacer a la Fiscalía de acuerdo  a la Constitución y la ley, sobre todo luego de que todos los locales de esta entidad fueran destruidos e incendiados por las vanguardias comunistas y radicales.

Finalmente, la sociedad debe declararse en movilización permanente –tal como sucedió en La Marcha por la Paz del 3 de enero– para respaldar a nuestros soldados y policías, y notificar a las vanguardias comunistas y radicales que la mayoría de peruanos defenderá con uñas y dientes la Constitución y el Estado de derecho.