En el Perú, hablar de conectividad es hablar de desigua...
Las leyendas en contra de la minería se acumulan una tras otra. Quizá la más difundida en los últimos días es la relacionada con que la minería no paga impuestos y que a esta actividad se le devuelve el Impuesto General de las Ventas (IGV). Al respecto, en el Instituto Peruano de Economía (IPE) se acaba de presentar un estudio en el que se demuestra que la minería en el Perú en promedio paga 47.07% de sus utilidades y tributa más que en países mineros como Chile, Canadá y Australia. Las mineras peruanas pagan estrictamente el impuesto a la renta, a los dividendos, el IGV y el Impuesto Selectivo al Consumo. Además, existen otras cargas como las regalías, el gravamen y el Impuesto Especial a la Minería.
De otro lado, el congresista Yonhy Lescano llegó a afirmar que las empresas mineras se quedan con el 89% de sus utilidades y solo entregan al fisco alrededor del 10%. Lescano basaba su argumentación en la devolución del IGV, sin entender que este tipo de impuesto no se exporta en ninguna parte del planeta. Fue corregido en todas las líneas, y esperamos que las ligerezas no se repitan.
Sin embargo, ¿cómo se ha creado esta fácil y ligera animadversión en contra de la minería? Para comprender la gravedad de esta situación basta señalar que si el Perú estuviese ejecutando su cartera de proyectos mineros —que suman US$ 62,000 millones—, la economía se expandiría sobre 5% anual en promedio, la pobreza estaría por debajo del 15% y el PBI per cápita de algunas provincias superaría largamente al de Lima. A, nuestro entender, la respuesta es directa: los sectores antisistema, las propuestas colectivistas, necesitan parar la minería para que la economía se lentifique, que la pobreza vuelva a aumentar, y colocar a la economía de mercado en el banquillo de los acusados en las próximas elecciones nacionales.
La campaña contra la minería es realmente irresponsable. Por ejemplo, entre el 2009 y el 2018 las empresas mineras pagaron más de S/ 85,000 millones en impuestos, una suma que representa el 20% de la recaudación del impuesto a la renta. Algo más. En las últimas dos décadas las inversiones mineras han superado los US$ 60,000 millones y ha representado cerca del 20% del total de la inversión.
Otros datos interesantes de esta industria vital para el Perú es que la minería llega a representar cerca del 10% del PBI y, según el presidente de la Sociedad de Minería y Petróleo (SNMP), Manuel Fumagalli, las empresas mineras adquieren el 13% de la producción de la manufactura nacional y han invertido más de S/ 4,000 millones de proyectos sociales en la última década.
Únicamente la ceguera ideológica colectivista nos puede llevar a paralizar proyectos que, simplemente, convertirían en realidad de la idea de que la prosperidad viene del campo a la ciudad, de que el bienestar viene de las provincias a la capital. Los yacimientos mineros están en las zonas rurales en donde está la mayor cantidad de pobres del país.
Un ejemplo de esta animadversión anti desarrollo: los gobernadores del sur del Perú (Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco) acaban de presentar una propuesta de nueva Ley General de Minería que contempla el regreso del Estado empresario, a través de la creación de la Empresa Minera del Perú, que amplía la consulta previa más allá de la lista de pueblos originarios. Además se propone que el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto no solo considere el área de influencia directa, sino también la indirecta; es decir, las poblaciones alejadas de la mina. Recuérdese que Conga, por ejemplo, fue bloqueada por la llamada zona de influencia indirecta.
Difícil entender lo que sucede en el Perú. Los mitos y leyendas no solo son difundidos por las ONG de clara orientación anticapitalista ypor los activistas antimineros, sino también forman parte de los sentidos comunes de algunos medios y la élite nacional.
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