¿Estado empresario para comercio exterior?

Días atrás, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzales, rechazó la iniciativa de un sector de congresistas, una moción para la creación de una línea aérea de bandera nacional y el eventual retorno al concepto del estado empresario. Si bien el ministro defendió el principio de subsidiariedad del Estado en la economía al rechazar la locura estatista, estamos seguros de que también discrepará con la propuesta de que el Estado desarrolle centros de logística para la exportación e importación, no obstante la presencia del sector privado en esta actividad.

Un sector de la burocracia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está proponiendo que el Estado asuma un papel “más importante” en la creación de una cadena de logísticas de importación y exportación. En otras palabras: un estado empresario que interviene las actividades privadas en el comercio exterior. ¿Cómo así ha resucitado o ha surgido esta iniciativa de los funcionarios estatales? Los burócratas ideologizados sostienen que, en el marco de la crisis sanitaria, existe la “necesidad” de que el Estado tenga su propia cadena logística para importar vacunas y materiales de bioseguridad.

Ninguno de los problemas que existen para importar materiales, equipos sanitarios y de bioseguridad para enfrentar la pandemia del Covid tienen que ver con las cadenas logísticas existentes para el comercio exterior. En realidad todos los problemas nacen de las sobrerregulaciones y procedimientos que crean los burócratas, que consideran que gozan de sinecuras ideológicas. Por ejemplo, a través de Soluciones Empresariales, una oenegé que representa al sector privado empresarial, se ha logrado trasladar las vacunas de Sinopharm desde China hasta Lima, ante la incapacidad de la burocracia estatal.

Chile o Colombia, que han comprado e importado las vacunas desde diversos lugares del mundo, son países que no tienen una cadena de logística de “bandera nacional”, sino un Estado eficiente que utiliza los recursos, las gerencias y las sinergias con el sector privado. Además cabe indicar que el Estado no necesita crear centros ni cadenas logísticas porque existen más de 20 empresas del sector privado que compiten entre sí y prestan servicios con eficiencia. Hoy existe una competencia entre privados que, solo el en Callao, proporciona más de dos millones de metros cuadrados para los más de dos millones de contenedores que son exportados o importados. Asimismo, se proyecta construir otros 280,000 metros cuadrados en los próximos meses.

Todo indica, entonces, que la locura estatista no solo está en el Congreso donde, por ejemplo, existe un proyecto de una comisión multipartidaria que propone crear la Ley Marco del Sistema Integral Universal de Pensiones (SIUP), con el objeto de estatizar el sistema privado de pensiones y colocar el ahorro privado más grande de nuestra historia bajo control estatal. Es decir, poner el mayor ahorro privado conocido bajo administración de un Estado que no puede garantizar el oxígeno, comprar unidades de cuidados intensivos ni comprar vacunas para inmunizar a la sociedad. En suma, lo que se pretende desde ese sector del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es que el Estado sea un empresario más en la industria de centros y cadenas logísticas. Con ello solo se añadiría ineficiencia, sobrecostos y competencia desleal.

El intento de resucitar el estado empresario en el sector logístico se produce en medio de la pelea que el sector logístico y naviero libra contra el propio Estado, porque durante la administración Vizcarra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) promulgó el Decreto Legislativo Nº 1492 que, supuestamente, busca impulsar la competitividad logística del comercio exterior, a través de la transparencia de los costos. Sin embargo, la norma ignora que el transporte marítimo internacional de carga se rige por contratos privados y, de acuerdo a la Constitución, el Estado debe respetar los contratos entre particulares.