Estado digital para formalizar el Perú

La situación de emergencia por la pandemia del Covid-19, de una u otra manera, obliga al Estado a eliminar sobrerregulaciones, procedimientos y trámites engorrosos para garantizar el distanciamiento social. En otras palabras, simplifica el funcionamiento del Estado. Y la única manera de llegar a la simplificación administrativa es la digitalización de los procesos.

La digitalización de los procesos demanda simplicidad para que funcione. De lo contrario, no hay digitalización. En estas semanas de cuarentena, por ejemplo, las empresas que pretenden acceder al Plan Reactiva Perú, los bancos y el Estado, comienzan a conocer los beneficios de la digitalización. El propio Ejecutivo, que fracasa en la distribución de los bonos de solidaridad, se ve obligado –marchando contra el reloj– a digitalizar las entregas utilizando los teléfonos celulares como puntos de referencia. En otras palabras, digitalización, simplificación y formalización comienzan a ser objetivos claramente entrelazados. 

El problema es que el Ejecutivo, el Congreso y los dirigentes políticos deberían ser conscientes de los grandes abismos y posibilidades que desnudan la pandemia y la recesión que se agrava. Por ejemplo, hoy todos sabemos que la informalidad no solo bloquea cualquier estrategia contra el Covid-19, sino que también impide que la ayuda del Estado llegue a los ciudadanos más pobres y a las pymes extralegales. Ante esta situación, el economista Elmer Cuba ha propuesto que todos los peruanos desarrollen obligatoriamente una declaración de ingreso, al margen de si están afectos o no a la tributación.

Por ejemplo, un ciudadano que gana S/ 500 mensuales en una unidad informal debería estar obligado a declarar. De esta manera, el Estado sabría cuánta gana el señalado ciudadano, se establecería una clara identificación y el domicilio del mencionado, y se comenzaría a reducir la informalidad. Y el Estado estaría en condiciones de distribuir ayuda social. El mismo razonamiento vale para las pymes informales que no pueden acceder al Plan Reactiva Perú ni recibir subsidios estatales en medio de una recesión sin precedentes.

La informalidad, pues, hoy cuesta demasiado caro. Puede incluso ser una sentencia de muerte por el hambre y el coronavirus. Sin embargo, no solo se trata de entrelazar los conceptos de digitalización, simplificación administrativa y lucha contra la informalidad, sino también la posibilidad de tener mejores sistemas de salud y de educación.

¿Por qué? Considerando que la recaudación podrían caer en 10% (algo que está por verse porque 40 corporaciones pagan el 90% del impuesto a la renta), Carlos Adrianzén, profesor de la UPC y colaborador de este portal, nos informa que debido a las medidas de emergencia y la cuarentena el Estado estaría en condiciones de ahorrar US$ 17,000 millones que, simplemente, no se podrán gastar por las restricciones. Según Adrianzén no se podrá gastar la mitad del gasto corriente, el 35% de lo presupuestado en bienes y servicios y el 50% de lo estipulado para obra pública. Adrianzén se pregunta: ¿por qué no aprovechar esta coyuntura para racionalizar gastos y reorientarlos a salud y educación?

En este portal se ha venido informando que el Estado consume cerca de US$ 65,000 millones anuales (alrededor de 30% del PBI); sin embargo, el sistema de salud ha colapsado en las primeras semanas del avance de la pandemia del Covid-19. ¿Por qué un presupuesto típico de una sociedad de ingreso medio no pudo focalizar sus gastos en salud? Una suma de problemas estructurales e irresponsabilidad del Ejecutivo, al lado de “un estado de bienestar tercermundista” que creó ministerios para todos los gustos: Ministerio de Cultura, del Ambiente, Midis, de la Mujer y otros sectores innecesarios. Allí reside la principal razón de que no exista un sistema de salud para enfrentar la pandemia.

Paradójicamente el fracaso del Estado en la contención de la pandemia podría iniciar un proceso en el que la reducción de ministerios y burocracia, y la reorientación de los gastos a los sectores de salud y de educación, se convierta en la contraparte de la digitalización del Estado, la simplificación de sobrerregulaciones y procedimientos, y la lucha contra la informalidad. En cualquier caso, el Ejecutivo y el Congreso deberían estar notificados.