¡Estado de emergencia en el sur, ya!

Después del audio en que el presidente Vizcarra alienta a una medida radical al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y a los diversos sectores radicales, si es que en un mes no se suspende la licencia de construcción otorgada al proyecto Tía María, según la Constitución, las leyes y convenios internacionales, la autoridad del Estado democrático quedaría pulverizada. El resultado: en el Corredor Minero del Sur —en donde se emplazan Cerro Verde, Las Bambas, Quellaveco, Antapaccay, Constancia y otros, y donde se produce más del 50% del cobre nacional— los bloqueos de carreteras, puentes y la violencia se han generalizado. Y en el norte un grupo de manifestantes quemó las oficinas de una empresa petrolera.

En otras palabras, comienza a surgir un intento de desborde popular, una estrategia que apunta a la bolivianización social del sur con el objeto de paralizar la producción minera y las inversiones. Por ejemplo, en Quellaveco (proyecto de US$ 5,300 millones) se comenzaron a levantar mentiras e infundios acerca de que este proyecto está se ubicado en cabecera de cuenca. La mentira es burda: el origen de la cuenca del río Asana está a 22 kilómetros del proyecto Quellaveco, que ya inició su construcción en el 2018 y que proyecta entrar en operación en el 2022. Hoy el proyecto emplea a 5,000 moqueguanos y se ha convertido en la primera fuente de empleo en la región. Sin embargo, los extremistas generalizan la violencia con el objeto de paralizar la inversión.

En este contexto, si el Estado democrático no aplica los mecanismos previstos en la Constitución para restaurar el orden público y el imperio de la ley, entonces lo más probable es que la estrategia de bolivianizar el sur del Perú triunfe, se paralicen las minas y se le reste alrededor de 1.5 puntos al PBI ,empujando a la economía al abismo de la recesión. Allí reside el principal objetivo de los comunistas y los colectivistas: crear recesión para que la pobreza vuelva a aumentar y convertir las elecciones del 2021 en unos comicios en los que se cuestione el modelo económico establecido en la Constitución, y que se convoque a una asamblea constituyente.

El presidente Vizcarra podría rectificar el grave exabrupto registrado en los audios decretando el estado de emergencia y restaurando el orden frente a la situación pre insurreccional en el sur del país. De seguro que la mayoría del país lo apoyaría y, de una u otra manera, se recuperaría la autoridad perdida. De lo contrario, la minería en el Perú, sin la cual no se puede explicar la reducción de pobreza del 60% de la población a solo 20%, estaría liquidada por la disolución de la autoridad del Estado democrático. Es decir, habría ganado la estrategia comunista.

Siempre vale recordar que la minería genera más del 55% de los ingresos nacionales. De otro lado, por cada empleo directo creado en minería se generan siete indirectos. Se calcula que cerca de dos millones de personas dependen de la minería. Asimismo, frente a las mentiras de las ONG comunistas acerca de que la minería no contribuye al fisco, vale señalar que en el Perú esta actividad paga más de 45% en impuestos, mucho más que en Australia, Canadá y Chile, países con los que disputamos los primeros lugares de producción de cobre. Igualmente, ante la campaña de los sectores antisistema en contra de la devolución del IGV a las mineras, es necesario precisar que se trata de la típica campaña comunista de desinformación y difamación. ¿Por qué? A todas las empresas que exportan se les devuelve el IGV, porque este tipo de impuestos no se aplica a las exportaciones. Es una regla del comercio internacional en el planeta.

Resumiendo, se podría decir que el enorme caos social que ha generado el presidente Vizcarra con los audios puede resolverse si él mismo se decidiera a aplicar la Constitución y las leyes nacionales.