El sueño chavista de controlar tasas de interés

La Comisión de Defensa del Consumidor del Legislativo ha aprobado el control de las tasas de interés de los créditos, en contra del incuestionable mandato constitucional que señala que no se pueden controlar precios. La propuesta de la referida comisión legislativa se aprobó invocando todos los argumentos utilizados durante el velascato, la tragedia económica y social de los ochenta –que empobreció a más del 60% de los peruanos– y los criterios desarrollados por el chavismo para perpetrar la tragedia humanitaria en Venezuela. ¿Cuál es el argumento? Favorecer a los pobres para detener a “los banqueros explotadores”.

El nuevo despropósito pretende controlar el supuesto agiotismo de los bancos; pero al establecer el control de las tasas de interés, elimina la calificación del riesgo de los potenciales deudores. ¿Qué significa eliminar la evaluación del riesgo en los potenciales créditos? Que las personas de menores recursos, las pequeñas empresas y las pymes en general saldrán del sistema bancario formal porque estos sectores tienen alto riesgo en el sistema crediticio. ¿Cuál será el efecto? Que al ser expulsados del sistema bancario formal recurrirán el crédito informal, en donde se conoce de créditos que pueden oscilar entre 800% y 1,000% anual. 

Algo más. Al aumentar la informalidad crediticia, las organizaciones criminales –tal como sucede en algunos sectores informales– aumentarán su control social y, poco a poco, al estado republicano empezará a desorganizarse de gravedad. En cualquier caso, este será el primer efecto del control de las tasas de interés.

Ahora bien, es evidente que existen créditos que sobrepasan el 100% de interés; y en muchos casos, pueden crecer más. ¿Por qué? Generalmente se tratan de consumos de alto riesgo (tarjetas de créditos y créditos propiamente dichos) que se refinancian mes a mes cuando el deudor solo paga el consumo mínimo. La evaluación del riesgo es una fórmula típicamente de mercado que utiliza el sistema bancario para proteger el dinero prestado. ¿De quién es el dinero prestado? Pues de los ahorristas. La protección frente un alto riesgo –que se expresa en una tasa de interés– busca proteger al ahorrista y garantizar el pago por los depósitos bancarios. 

No todos los créditos tienen ese tipo de tasas. El masivo crédito hipotecario en el Perú tiene tasas de interés por debajo de los promedios latinoamericanos. El crédito hipotecario revela una revolución del crédito sin precedentes en la historia republicana, y que ha posibilitado que las nuevas clases medias emergentes adquieran viviendas o construyan sus casas en todas las zonas emergentes de Lima y en las principales ciudades del país. Igualmente, el crédito productivo para empresas refleja tasas de interés por debajo de los promedios latinoamericanos.

Ahora bien, se suele decir que las altas tasas de interés se explican por el agiotismo de los bancos, y no por la evaluación del riesgo que busca proteger el depósito de los ahorristas. De acuerdo a lo señalado –en este portal– por nuestro colaborador Carlos Adrianzén, la rentabilidad de los bancos se explica, en primer lugar, por el entorno macroeconómico. Es decir, una economía sana y en crecimiento siempre será buen negocio para los bancos. En segundo lugar, por las decisiones corporativas del propio banco; y en tercer lugar, por el nivel de concentración de propiedad del banco.

La idea, entonces, de que la tasa de interés refleja la voluntad agiotista de un banco es una quimera. Pero la fórmula del control de las tasas de interés ya es un viejo conocido en el Perú. Por ejemplo, cuando había control de precios del crédito en los ochenta, el promedio de las tasas de interés (de los altos y de bajo riesgo) estaba sobre el 100%. En la actualidad, con tasas de interés sin control de precios, el promedio llega al 10% (créditos de bajo riesgo). El margen de ganancia de los bancos en los ochenta era del 60% mientras que en la actualidad es del 10%. De otro lado, con el controlismo de los ochenta, la cartera pesada de los bancos llegó al 80% del patrimonio de las entidades financieras. Es decir, existían miles de deudores que no pagaban los créditos.

La propuesta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Legislativo, entonces, no tiene ni pies ni cabeza. Excluirá a los más débiles económicamente del sistema financiero formal, generará más pobreza y acrecentará la informalidad y la criminalidad. De otro lado, empoderará a la burocracia estatal y desatará una nueva corrupción. En los años ochenta los mandarines del Estado solían ponerse de acuerdo con los bancos y la rentabilidad de muchas entidades financieras llegó al 200%, según una investigación doctoral del economista Carlos Adrianzén.

Como se aprecia, pretender establecer un control de precios es una verdadera locura, cualquiera sea el ángulo de análisis; pero, sobre todo, es el intento de acabar con la libertad de precios en los créditos que ha posibilitado que las nuevas clases medias se conviertan en propietarias, además, de derribar uno de los pilares del modelo económico.