El populismo vuelve a proponer aumento de impuestos a minería

El congresista de Acción Popular por Puno, Jorge Flores Acachi, acaba de sumarse a las iniciativas que proponen alguna forma de estatización de las inversiones en recursos naturales. Flores y seis integrantes de la bancada de Acción Popular han planteado que se aumenten los impuestos a la minería –tal como sucedió durante el Gobierno de Pedro Castillo– considerando que los precios de los minerales alcanzan récords históricos.

Sin embargo, es necesario recordar –una vez más– que, según el régimen tributario nacional, las empresas mineras pagan entre 47% y 50% de sus utilidades al Estado. La mitad de esos aportes se destinan a los gobiernos subnacionales a través del canon. Pero he aquí lo relevante: en el Perú las compañías mineras pagan más impuestos que los que se pagan en Chile, Canadá y Australia, potencias mineras con las que el Perú disputa la atracción de inversiones y capitales. En este contexto, ¿aumentar impuestos no es una manera de estatizar las empresas y desalentar nuevas inversiones?

La carga impositiva nacional sobre las compañías mineras es altísima en comparación al promedio mundial. De allí, por ejemplo, que en el 2022, según el Ministerio de Economía y Finanzas, las empresas mineras transfirieron a los gobiernos subnacionales –a través del canon y las regalías– más de S/ 10, 000 millones. Por otro lado, la eficiencia del modelo tributario minero en el país se refleja en que la recaudación sube proporcionalmente al incremento de los precios de los minerales. Por ejemplo, los aportes mineros en impuesto a la renta, impuesto y gravamen especial y regalías del año 2021 superaron en 200% a la recaudación fiscal del 2020 y en 150% a la de 2019.

El gran problema del Perú –que es alentado por el populismo, el estatismo, tal como sucede con la mencionada iniciativa del congresista Flores y los militantes de Acción Popular– es que no se sabe en dónde está tanta riqueza que producen las empresas mineras. Nadie entiende, por ejemplo, por qué en las regiones mineras faltan carreteras, sistemas de agua y desagüe, y postas médicas. ¿Por qué la riqueza que producen las empresas mineras no se expresa en el cierre de brechas sociales?

La respuesta es incuestionable: el Estado –a través del Gobiernos central y los gobiernos regionales y locales– está fracasando en la distribución de la riqueza minera. Por ejemplo, en la última década, las empresas mineras aportaron a los gobiernos subnacionales alrededor de S. 50,000 millones; sin embargo, las regiones y municipios apenas ejecutaron el 50% de las inversiones.

El congresista Flores y los congresistas de Acción Popular, entonces, en vez de enfilar contra las empresas, en vez de pretender matar la gallina de los huevos de oro del Perú, deberían presentar proyectos de ley para acabar con la ineficiencia y corrupción de los gobiernos regionales. Ahora bien, si la propuesta de este sector de acciopopulistas busca desarrollar una estatización velada de las compañías mineras –tal como se propuso el Gobierno de Castillo–, entonces estamos ante verdaderos enemigos de la inversión privada, el crecimiento y la reducción de la pobreza.

La minería es una de las columnas vitales de los cambios económicos y sociales producidos en las últimas décadas. Vale señalar que el sector emplea a más de 200,000 trabajadores de manera directa, mientras que los empleos indirectos sobrepasan los 1.2 millones, que incluyen a empresas de servicios, contratistas y proveedores. Si se hacen números, las familias beneficiadas de los empleos directos e indirectos creados por la minería superan los 4.3 millones de personas. Es decir, más de 5 millones de peruanos se benefician de la minería.

Planteada las cosas así, ¿cómo se puede entender la iniciativa del congresista Flores en contra del sector que “para la olla” de una enorme cantidad de peruanos? Demasiado absurdo e incomprensible.