El Perú y la posible crisis mundial de producción de cobre

Richard Adkerson, veterano estadista del cobre y CEO de Freeport McMoRan, ha señalado recientemente la posibilidad de una cercana crisis en la producción del metal rojo, el cual es un componente esencial para la transición energética. Según su análisis, la creciente demanda mundial, junto con la situación política de los principales productores, podría dificultar la disponibilidad del insumo. En efecto, la demanda de cobre se ha acelerado en las últimas décadas gracias al avance de la electrificación y la descarbonización, como parte de la transición energética. Se espera que este crecimiento continúe debido a las presiones del desarrollo industrial en los países emergentes. De hecho, la consultora S&P Global ha pronosticado un incremento en el consumo de hasta 50 millones de toneladas métricas de cobre (TMC) para el año 2035.

Los principales países productores de cobre son Chile y Perú, que en conjunto representan casi el 40% de la producción mundial. Lamentablemente en ambos países la aprobación de proyectos mineros se ha vuelto cada vez más difícil debido a la presión del radicalismo de izquierda, abiertamente antiminero. Un ejemplo de ello es el proyecto minero Conga en Cajamarca, cuya construcción fue detenida en 2011 a pesar de que Yanacocha, la empresa concesionaria, había cumplido con todos los requisitos legales y contaba con un estudio de impacto ambiental aprobado desde un año antes. Sin embargo, los intereses políticos de Ollanta Humala intervinieron y utilizaron el cierre del proyecto con fines demagógicos para ganarse el favor de un sector de la población de Cajamarca. Esta decisión bloqueó una gran oportunidad de desarrollo económico para Cajamarca y todo el norte del país.

Desde entonces los problemas que tiene que enfrentar la minería en el Perú solo han aumentado. Sobre todo luego de que Pedro Castillo llegara al poder y gobernara durante más de un año y medio, antes de su fallido intento de golpe de Estado. Desde el Gobierno de Castillo se promovió el empoderamiento de las minorías radicales, que bloquearon carreteras y asaltaron campamentos mineros sin que nadie los detuviera, lo que hizo que las zonas mineras se conviertan en áreas al margen de la constitución y el estado de derecho. El resultado más notorio es que, debido a esos problemas, Las Bambas, ubicada en la región Apurímac y una de las 10 minas de cobre más grandes del mundo, ha tenido que reducir sus proyecciones de producción anual casi a la mitad, en pleno superciclo de precios del metal rojo: durante el 2022 Las Bambas, en vez de producir las 400,000 TMC que tenía proyectadas, solo produjo 250,000 TMC.

Existe otro proyecto cuprífero de gran importancia que ha sido postergado injustamente: Tía María, en Arequipa, el cual ha sido concesionado a la empresa Southern Perú. Este proyecto representa una inversión masiva de US$ 2,000 millones. Se espera que Tía María produzca alrededor de 120,000 TMC anuales, genere más de S/ 300 millones en canon y regalías para el país, y cree más de 9,000 empleos en su área de influencia. El proyecto ha cumplido rigurosamente con todas las regulaciones establecidas por el Estado, incluyendo la obtención de la llamada "licencia social". Sin embargo, aún no se ha dado la autorización final para su construcción, a pesar de que no existen obstáculos legales para ello. Esta situación es lamentable, ya que Tía María podría ser una fuente importante de desarrollo económico y empleo para la región de Arequipa y para el país en general. Es necesario que las autoridades competentes tomen medidas para agilizar el proceso y permitir que el proyecto se lleve a cabo en beneficio de todos los peruanos.

Por último en el norte del Perú se encuentra lo que se conoce como el "cinturón de cobre del norte", donde se ubican seis grandes proyectos mineros de cobre. En conjunto, estos proyectos representan una inversión total de más de US$ 16,200 millones, con El Galeno liderando la inversión con US$ 3,500 millones, seguido del ya mencionado Conga con US$ 4,800 millones, La Granja con US$ 5,000 millones, Michiquillay con US$ 2,000 millones y Cañariaco Norte con US$ 1,500 millones. Solamente durante las primeras dos décadas de funcionamiento, estos proyectos generarían para el país utilidades por US$ 2,200 millones.