El Ministerio de Trabajo y la nociva Agenda 19

El ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, comentando la propuesta de la municipalidad de Surco acerca de eliminar la actividad informal de los lavadores de autos o limpiaparabrisas, señaló que no se debe estigmatizar a los trabajadores informales, que se debe empadronarlos y formalizarlos. Luego agregó que se debería pensar en propuestas de mediano y largo plazo.

Al respecto es extremadamente interesante que un titular del sector aborde el tema de la informalidad y la formalización del empleo, sobre todo luego de la devastación que causó el gobierno de Pedro Castillo con la llamada Agenda 19, que se expresó en tres decretos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización artificial en sindicatos, sectores económicos y grupos empresariales y liberalizan el derecho a la huelga. 

El objetivo de la Agenda 19 y los señalados decretos siempre fue alentar el conflicto entre trabajadores y empresarios y la guerra de clases. Semejante proyecto laboral se sumó a la propuesta de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones que frenaron la inversión privada. La economía dejó de crecer sin nuevas inversiones.

No obstante, otro de los graves problemas de la Agenda 19 y los decretos de Castillo es que fomentan abiertamente la informalidad y el subempleo. ¿Por qué? Porque las mencionadas normas empujarán a la informalidad a las empresas que apenas podían pagar los altos costos de la formalidad. En otras palabras, el escaso 25% de empleo formal, de una u otra manera, está en problemas luego de los decretos de Castillo.

El titular de Trabajo debería entender que, en cuanto a legislación laboral en el planeta, solo hay dos caminos. El de la sobrerregulación laboral y la declaración de derechos ficticios –que caracteriza a los países subdesarrollados, con altas tasas de desempleo, trabajo precario e informalidad– y, de otro lado, el camino de la flexibilidad laboral en los contratos, que identifica a los países desarrollados que alcanzan el pleno empleo.

El Perú tiene una de las diez legislaciones laborales más sobrerreguladas del planeta y ha optado por el espíritu colectivista que caracterizó a los ex países de la Unión Soviética y todos los regímenes chavistas en América Latina. El resultado es devastador: según la OIT, el 75% del empleo es informal; es decir, tres de cada cuatro trabajadores carece de sistemas de salud y sistema previsional. Muy por el contrario, países como Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, entre otros, han optado por el camino de la flexibilidad laboral y suelen alcanzar el pleno empleo y el bienestar general de los trabajadores.

Una de las mayores paradojas en la legislación laboral es que los potenciales trabajadores de los países en donde se sobrerregula los contratos de trabajo y se declara derechos a los cuatro vientos, ante la falta de empleo, suele migrar a los países con extendida flexibilidad laboral.

En el Gobierno de Dina Boluarte se debería entender que es imposible defender la Constitución y el modelo económico, mientras se continúa con la agenda laboral de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movimiento por la Amnistía de Derechos Fundamentales (Movadef). La llamada Agenda 19 pretende construir un mundo del trabajo basado en sindicatos, pliegos de reclamos y huelgas, porque se considera que el bienestar de los trabajadores proviene de la guerra de clases y no de la inversión, el crecimiento y la generación del empleo, tal como ha sucedido con los países que han alcanzado el desarrollo.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo debería derogar los decretos laborales de Castillo, restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) –que establecía un régimen flexible– y promover un intenso debate alrededor de la urgente reforma laboral y la desregulación general de los contratos de trabajo.