El estribillo de “legislación laboral del siglo XIX”

Los candidatos jóvenes de la izquierda tradicional han comenzado a repetir el argumento falaz de que la flexibilidad laboral que se establecía en la derogada Ley de Promoción Agraria era propia del siglo XIX. Es decir, una que no reconocía derechos previsionales ni sistema de salud. Todos sabemos que eso es absolutamente falso y que parte de una estrategia de propaganda y anti propaganda. 

Gracias a la ley –que derogaron cerca de 3,000 activistas de las minorías radicales que bloquearon carreteras–, en el agro peruano se logró contratar a más de un millón de trabajadores, con todos los derechos reconocidos, y las exportaciones crecieron de US$ 850 millones a US$ 7,000 millones. De otro lado, en dos décadas, las inversiones sumaron US$ 20,000 millones sorprendiendo a los mercados mundiales de frutas y legumbres.

¿Qué pretenden decir los jóvenes de la vieja izquierda cuando hablan de legislación laboral del siglo XIX? Nadie lo entiende. Sin embargo, es evidente que la crítica comunista apunta al régimen de flexibilidad laboral de la derogada Ley de Promoción Agraria que posibilitaba contratar temporalmente de acuerdo a la estacionalidad agrícola: siembra, cosecha y mantenimiento. Se conoce que existen agroexportadoras que contrataban entre 10,000 y 25,000 trabajadores por campaña.

Si la flexibilidad laboral es del siglo XIX, entonces, ¿los jóvenes de la izquierda de la Guerra Fría acaso están proponiendo establecer la estabilidad laboral? Si por allí va la propuesta, están planteando los koljoses y cooperativas del velascato que, simplemente, hundieron a la agricultura y empobrecieron a niveles impensados a los trabajadores rurales.

Pero lo más grave: la vieja izquierda ignora que, de acuerdo a todos los informes de diversos organismos mundiales, la flexibilidad laboral está directamente vinculada a la creación de empleo y a bajas tasas de desempleo. Por ejemplo, antes de la pandemia, todos los informes de la fundación Heritage señalaban que Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda encabezaban las listas de los países con mayor flexibilidad laboral, y apenas tenían una tasa de desempleo del 3% de la PEA. Igualmente, Estados Unidos, uno de los países con mayor flexibilidad en el mundo, tenía 5% de desempleo de la PEA.

Asimismo, antes de la pandemia, algunos países de la Unión Europea, habían flexibilizado sus regímenes laborales: permitían cancelar convenios colectivos de acuerdo a la productividad y rebajar los tiempos laborales si es que se presentaban situaciones recesivas. De allí que en Alemania se llegara a un desempleo de 4% de la PEA, en Dinamarca al 4% y en Holanda al 6%. Por ejemplo, en los rankings elaborados por Heritage, Dinamarca solía ubicarse entre los diez primeros países con mayor flexibilidad para contratar y despedir. Y el Perú entre los últimos diez.

De otro lado, los países europeos con menos flexibilidad laboral tienen tasas de paro más altas. En el 2020, antes de la pandemia, el desempleo en España sobrepasaba el 15% de la PEA. En Francia llegaba al 10%, en Grecia a cerca del 20% y en Italia alcanzaba el 10%.

El Perú, como uno de los diez países con mayor rigidez laboral en el planeta –excepto el sector agricultura antes de la derogatoria de la mencionada ley–, tenía una de las peores tasas laborales del planeta: más del 70% de informalidad laboral antes de la pandemia. Una cifra que se debe haber incrementado significativamente.

¿De dónde, pues, viene el estribillo de “legislación laboral del siglo XIX”? Es evidente que cuando la izquierda se opone a la flexibilidad laboral está pensando en la estabilidad laboral de las empresas estatales, de los koljoses, y de las cooperativas, que no necesitan de la productividad y la competitividad para avanzar. El empleo en las empresas estatales –como lo comprobamos en el velascato– es seguro, estable, pero es el camino del empobrecimiento general. Usualmente los trabajadores de estas empresas terminan arranchándose el papel higiénico en las colas o comiéndose a sus perros y gatos para saciar el hambre.

El empleo de la empresa privada es diferente. Se necesita productividad, combinar los factores de capital y trabajo para generar rentabilidad, reinvertir y seguir creciendo. Se necesita competitividad, no solo para vender dentro del país, sino también para competir en los mercados mundiales. Cuando hay flexibilidad laboral existe tanta oferta laboral que los trabajadores pasan a ser dueños de su empleo; es decir, deciden dónde trabajar y de qué manera (por horas). Tal como sucede en los Estados Unidos y sucedía en las zonas agroexportadoras antes de la barbarie económica de derogar la Ley de Promoción Agraria.

De allí que el próximo Congreso debe derogar este despropósito del Congreso, del Ejecutivo y del MEF, y restablecer permanentemente la vigencia de la derogada ley.