El problema es el Estado, ¡no las empresas mineras!

Es hora de terminar con la fábula marxista que nos indica que la riqueza de los pueblos depende de sus recursos naturales. De ninguna manera. Venezuela sigue teniendo las mayores reservas petroleras del mundo; sin embargo, la pobreza flagela a más de 80% de los venezolanos y no hay combustible en los grifos llaneros. En Perú, Cajamarca tiene grandes reservas de cobre, que podrían aumentar en 40% la producción nacional del metal rojo (Perú es segundo productor mundial con 2.5 millones de toneladas métricas de cobre); sin embargo, en la señalada región varios distritos están entre los más pobres del país.

La riqueza de los pueblos, entonces, depende de su capacidad de procesar y vender los recursos naturales; es decir, de convertir la producción en precios. Y algo así solo se consigue con Estado de derecho, con inversiones, y cooperación entre el Estado, las comunidades y las empresas. Sin embargo, en Perú, el modelo minero falla y se desatan conflictos que bloquean las inversiones y paralizan la producción minera. 

¿En dónde está la falla? La respuesta es categórica: en el fracaso general del Estado en la distribución de la renta minera, que las empresas pagan a través de los impuestos. Por ejemplo, según el Ministerio de Energía y Minas, las empresas transfirieron más de S/. 10,000 millones a los gobiernos subnacionales en el 2022. Una suma que representa un incremento de 161% con respecto al 2021 y récords en recaudación. Sin embargo, según el Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos regionales en promedio lograron ejecutar un poco más del 50% de lo presupuestado.

En cualquier lugar del planeta se produciría una alianza natural entre las poblaciones y comunidades adyacentes a los proyectos y las empresas mineras, con el objeto de reclamar a los gobiernos regionales, a los municipios y el Estado en general, que se ejecuten los proyectos y se distribuya adecuadamente la renta minera. En este contexto, algunos distritos más cercanos a las minas prosperan, mientras grandes sectores siguen padeciendo la misma exclusión de siglos: falta de agua y desagüe, de postas médicas, de escuelas y de carreteras.

En este escenario las vanguardias comunistas, radicales y antimineras, en vez de producir una alianza entre comunidad y empresa para exigir que el Estado redistribuya la riqueza minera buscan demonizar a las compañías mineras, responsabilizándolas de la exclusión. Detrás de esta demagogia está la creencia de que la riqueza proviene de los recursos naturales de manera automática y directa.

Al respecto, siempre vale recordar que en el Perú las empresas mineras pagan alrededor del 50% de las utilidades, una suma superior a los aportes en Canadá, Australia y Chile, países con los que el país compite para atraer inversiones en minería. Es decir, el problema no es tributario, sino tiene que ver con la ineficiencia del Estado en la distribución de la riqueza minera nacional.

Sobre la base de la demagogia marxista, por ejemplo, las minorías radicales han logrado paralizar el corredor minero del sur, área de tránsito que utilizan las minas que producen más del 50% del cobre nacional para transportar el mineral al puerto de Ilo. Igualmente, sobre la base de esas hechicerías, Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, que representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y cerca del 75% de los ingresos de la región Apurímac, ha paralizado todas sus operaciones desde el 1 de febrero pasado.

Una de las mayores tragedias que produce estas narrativas se expresa en que Las Bambas produjo 240,000 toneladas métricas de cobre (TMC) en el 2022, no obstante que tenía una proyección de producción de 400,000 TMC, y no obstante también que dicho año se alcanzaron precios que representan récords mundiales del metal rojo.