¡El corredor minero en peligro!

Todo indica que el Corredor Vial del Sur, denominado también Corredor Minero del Sur, está en peligro porque se podría desencadenar una serie de protestas en contra de las principales operaciones mineras de la zona. Aquí les explicamos.

Días atrás, pobladores de la comunidad de Pumamarca realizaron una marcha de protesta afuera de las instalaciones de la operación Las Bambas, en Challhuahuacho. La marcha fue acompañada por mujeres y niños, no obstante las medidas de emergencia. El argumento principal de la protesta es que dicha comunidad habría sido “engañada” en el 2011, cuando Xstrata Tintaya era la entonces dueña del proyecto y pagó a la comunidad alrededor de US$ 2 millones por sus predios. Vale mencionar el contexto de la compra-venta entre dicha empresa y los comuneros. En el 2011, hace diez años, el proyecto Las Bambas recién germinaba, las tierras eran eriazas y sin valor, y recién se estaban presentando los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). En ese marco, hubo un acuerdo de justiprecio entre la empresa y la comunidad. Hoy la comunidad de Pumamarca ha anunciado que iniciará la lucha para recuperar esos predios. 

En ese mismo sentido, entre el 4 y 6 de febrero hubo una serie de reuniones entre varias comunidades aledañas a Las Bambas y los líderes del Frente de Defensa, para insistir que MMG pague desde el 2021 el canon minero, a pesar de que el marco normativo establece que sea en el 2023. No solo eso, en estas reuniones han participado conocidos agitadores antimineros ligados a grupos de extremismo religioso islámico. 

Más allá, en Chumbivilcas, dirigentes del Frente de Defensa de Chumbivilcas han dado una “tregua” a Hudbay, concesionaria de la operación Constancia, hasta el día 24 de febrero para que se llegue a un acuerdo en las negociaciones del Convenio Marco entre dicha empresa y la provincia. El Frente de Defensa exige una participación de 7% de las utilidades de la operación, así como alrededor de US$ 19 millones. Lo curioso es que la empresa tiene convenios de desarrollo con los distritos de Velille, Chamaca y Livitaca –que son parte de sus áreas de influencia directa– y ha desarrollado un sinnúmero de proyectos sociales y productivos en la zona. Las demandas son inviables porque tratan de imponer una participación en las utilidades que no figuran en ningún acuerdo o negociaciones anteriores.

En Quiñota, distrito de Chumbivilcas, Derechos Humanos Sin Fronteras, una organización no gubernamental de izquierdas, mantiene una lucha constante contra la mina Anabi, luego de que el Poder Judicial empezó el juicio contra comuneros que ingresaron de manera violenta a las instalaciones de la empresa. Se anunció que el Frente de Defensa local prepara nuevas movilizaciones en “respaldo” de los comuneros que están en proceso judicial.

En Espinar, el Frente único de Intereses de Espinar ha publicado varios pronunciamientos indicando que el Ejecutivo y la empresa minera Antapaccay Tintaya no han cumplido sus acuerdos en la Mesa de Diálogo en relación a “la reparación a las víctimas de metales pesados y la reparación ambiental de la provincia”. Sin embargo, ningún documento técnico serio sustenta semejante denuncia. Las supuestas víctimas de metales pesados son un muñeco armado por las oenegés antimineras, basándose en la presencia natural de metales pesados en los ríos del sur (debido al fenómeno lahar). Como todas las informaciones científicas lo señalan, los metales pesados en los ríos sureños se explican por la intensa actividad volcánica en toda la zona sur del Perú.

El Ejecutivo debe observar con mucho cuidado lo que sucede en el Corredor Minero, un área estratégica e importante para la economía peruana, porque en esa zona se produce más del 50% del cobre nacional y se emplaza más del 60% de nuestra cartera de proyectos mineros.