¡Ejecutivo debe restablecer el tránsito en corredor vial del sur, ya!

Sería inaceptable en cualquier Estado de derecho que una vía tan importante como el corredor vial del sur –que conecta las principales minas de Arequipa, Apurímac, Cusco, con el puerto de Ilo en Matarani– permanezca cerrada por cerca de cuatro meses. No se trata de una simple vía de tránsito: en el corredor minero del sur se emplazan las minas que producen alrededor del 50% del cobre nacional.

¿Acaso se ha olvidado que el Perú es el segundo productor mundial de cobre y que cuenta con la tercera parte de reservas del metal rojo en el planeta? ¿Cómo entonces el Gobierno puede permitir que cerca de la mitad de la producción de cobre se paralice y no pueda ser trasladada al puerto? ¿Acaso algunas centenas de radicales y comunistas pueden paralizar la producción que le pertenece a todos los peruanos y financia a los gobiernos regionales de Arequipa, Apurímac y Cusco?

Dos meses antes del fin del año pasado comenzaron los bloqueos del corredor vial, y luego se suspendieron por una breve tregua en las fiestas navideñas. Los bloqueos se retomaron el 4 de diciembre, días antes del golpe fallido de Castillo. Después de la intentona golpista grupos radicales –totalmente identificados– atacaron las minas Antapaccay, Anabis y Las Bambas, dejando una estela de destrucción.

¿En qué momento el Ejecutivo aceptó que la zona donde se produce la mitad de cobre nacional es una zona liberada de la autoridad de la Constitución y las leyes? ¿En qué momento los peruanos nos allanamos a la idea de que el Estado de derecho puede hacerse trizas en el corredor minero del sur?

La situación en el señalado corredor se asemeja a una invasión extranjera, que se propone destruir la producción nacional y los principales activos críticos. De alguna manera los especuladores mundiales de cobre y los competidores del Perú en atraer inversiones mineras –que suelen financiar a las oenegés izquierdistas de la zona– deben estar celebrando la caída de la producción nacional del metal rojo, porque semejante descenso significa ganar algunos centavos más con la especulación de la libra del cobre en las bolsas del mundo.

Sin embargo, los grandes perdedores son los peruanos, sobre todo los más pobres, y los gobiernos regionales y locales, más allá de la incapacidad de estos en la distribución de la renta minera. Por ejemplo, según el Ministerio de Energía y Minas, las empresas mineras aportaron a los gobiernos subnacionales más de S/ 10,000 millones en el 2022; es decir, un aporte mayor de 161% con respecto a las transferencias del sector en el 2021. No obstante, los gobiernos regionales, en promedio, apenas lograron ejecutar el 60% de lo presupuestado.

La renuncia del Ejecutivo a restablecer la ley y el orden en el corredor minero empieza a ser inaceptable para cualquiera que pretenda vivir en un Estado de derecho. Por ejemplo, Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, desde el inicio de sus operaciones acumula más de 580 días de bloqueos que impiden trasladar el mineral al puerto. Desde el 1 de febrero pasado la mencionada empresa ha paralizado todas sus operaciones porque ni siquiera puede acopiar los insumos.

Para entender la gravedad de las cosas vale señalar que Las Bambas representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y el 75% de los ingresos a la región Apurímac. Desde que se iniciaron las operaciones de la mina, la pobreza en los 84 distritos apurimeños, que se ubicaba por encima del 60% de la población, pasó a estar debajo del 40%. 

De alguna manera, pues, la estrategia del radicalismo antiminero y de las oenegés de izquierda comienza a destruir a una de las minas de cobre más grande del planeta, no obstante que los precios del metal rojo alcanzan récords históricos. Como se aprecia, no se necesita invadir militarmente un país para destruirlo desde adentro.