En el corredor minero del sur –que integran las regiones...
El pasado primero de mayo grandes sectores sociales en el Perú y en América Latina celebraron el Día del Trabajo. Sin embargo, el empleo en nuestro país y en la región no satisface las demandas de la población económicamente activa y enfrenta una precariedad que es uno de los apellidos que define nuestra condición de países subdesarrollados.
En el Perú, por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo, el 75% de los empleos está en situación de informalidad. Es decir, tres de cada cuatro trabajadores no tienen acceso a un sistema de salud ni a uno previsional. Es evidente que, para cualquier analista económico serio, semejante situación tiene que ver con los niveles de crecimiento de la economía, la expansión de la inversión privada y el desarrollo de la productividad. No obstante, un factor que atraviesa a todos estos factores es el de la legislación laboral. En otras palabras, la legislación laboral también explica que exista menor crecimiento, menor inversión privada y menor productividad; y por supuesto, también explica la ausencia de empleo y la precariedad y la informalidad extendida del mismo.
En el Perú –como en la mayoría de los países latinoamericanos, los países del eje bolivariano, entre ellos Venezuela, y los ex países de la Unión Soviética– se ha optado por formas de estabilidad laboral directa o velada. Al respecto vale señalar que los países desarrollados y que alcanzan el pleno empleo han avanzado en la dirección contraria, es decir, han optado por ampliar la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo.
En el Perú se declaran derechos laborales y sociales como si la ley o los decretos crearan los empleos a través de magias o determinadas hechicerías, ignorando que un empleo depende de la productividad y de la rentabilidad de una empresa. De lo contrario, es imposible que un puesto de trabajo tenga viabilidad. Quienes declaran derechos a los cuatro vientos y suelen repetir las leyendas marxistas sobre la explotación del trabajador y la plusvalía, en realidad no solo proponen ahogar el proceso de inversión privada, sino también que el Estado se encargue del empleo. Para estos sectores, así como debe existir el Estado empresario, igualmente debe organizarse un estado empleador que se encargue de la oferta del empleo.
Semejantes tercianas ideológicas, poco a poco, comienzan a parecerse a lo estribillos que suelen repetir los fundamentalismos, sobre todo considerando que el llamado Estado empleador fracasó de principio a fin en los ex países de la Unión Soviética y ha empobrecido a más del 80% de la población en Venezuela.
En nuestro país, a pesar de los principios desreguladores de la Constitución de 1993, a pesar de los 22 tratados de libre comercio que apuntan a la libertad económica, en el año 2001 el Tribunal Constitucional (TC) estableció que un trabajador despedido podía optar por la reposición en el puesto de trabajo antes que la indemnización. De esta manera, el TC optó por una forma velada de estabilidad laboral que, de una u otra manera, explica la tragedia que enfrentan los peruanos en el mundo laboral. Igualmente, la llamada Agenda 19 de Pedro Castillo y los decretos laborales del Gobierno de Perú Libre y el Movadef pretendieron organizar un mundo del trabajo repleto de sindicatos, en permanente guerra de clases, como si la prosperidad de los trabajadores dependiera de la lucha sindical y no de la inversión privada y los mercados.
Muy por el contrario, los países desarrollados –tales como Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Noruega y Finlandia, entre otros– han optado por la flexibilidad laboral. Muchos de estos países logran el pleno empleo (tasas de desempleo entre 3% y 5% de la población económicamente activa) e ingresos per cápita inalcanzables por ahora para los países subdesarrollados.
Para resumir estas reflexiones, se podría establecer una constante inevitable: los trabajadores de los países que declaran derechos y consagran la estabilidad laboral a toda costa, buscan migrar a las naciones con plena flexibilidad laboral. Un peruano, un colombiano, siempre tentará migrar a los Estados Unidos. Nunca a Venezuela.
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