¡Detener el terror y la minería ilegal en Pataz!

Una torre de alta tensión, que provee de energía a las operaciones de la minera Poderosa (en Pataz), fue derribada con explosivos unos días atrás, evocando los peores momentos del terrorismo que devastó el país en la década de los ochenta. El ataque afectó al sistema de interconexión SE 2190 que pertenece al proyecto BESS La Morena.

El atentado terrorista se produjo luego de conocerse rumores persistentes acerca de que un sector de mineros ilegales atacaría la planta de operaciones de la minera Poderosa. En ese contexto, se reforzó la seguridad de la compañía, pero los ilegales optaron por derribar la torre de alta tensión. Con este hecho ya suman nueve torres de alta tensión siniestradas por la minería ilegal. Si recordamos que, unas semanas atrás, sectores del crimen organizado y de la minería ilegal atacaron un área de la concesión de Poderosa dejando nueve muertos y más de 23 heridos, ¿qué tipo de violencia se comienza a enfrentar en Pataz en contra de la minería moderna?

Como todos sabemos en los últimos meses, el crimen organizado –diversas bandas criminales, entre ellas algunas extranjeras– se convirtieron en el brazo armado de la minería ilegal en Pataz. La convergencia de estos actores de la ilegalidad tiene que ver con que el Estado –a nivel nacional, regional y local– ha abdicado de su responsabilidad de salvaguardar la ley y el orden frente al avance del crimen organizado y la minería ilegal, ya sea por temor o por corrupción, es algo que debe investigarse. Ante este vacío y los esfuerzos de la minería moderna por mantener las concesiones y sus derechos de propiedad, el crimen organizado ha comenzado a desarrollar asesinatos, violencia de todo tipo y, por supuesto, evidentes actos de terrorismo que debe ser correctamente tipificado por las autoridades judiciales.

En este contexto, el Estado no solo debe declarar el Estado de Emergencia en Pataz –tal como ya lo ha hecho–, también debe desarrollar un plan nacional para detener esta convergencia de minería ilegal, crimen organizado y terrorismo, en términos generales. ¿Por qué un plan nacional que comprometa a todo el Estado, desde los ministerios, la policía nacional del Perú (PNP) y las instituciones del sistema de justicia? Porque si triunfa la ilegalidad y el terror en Pataz sobre la minería moderna –que paga impuestos, genera empleo y es un motor contra la pobreza–, toda la minería moderna a nivel nacional estará en evidente peligro.

En términos generales la minería ilegal es aquella que se desarrolla violando los derechos de propiedad establecidos por las concesiones reconocidas por la ley, la Constitución y los contratos firmados por el Estado. También afecta la integridad ambiental de los parques nacionales y zonas de reserva ecológica del país. 

Al respecto vale señalar que el hecho de que el precio del oro sobrepase los US$ 2,000 la onza y la libra del cobre se acerque a los US$ 4, además del fracaso de la formalización de la minería artesanal, de una u otra manera, juegan a favor de la minería ilegal en el país. En este portal, por ejemplo, acabamos de informar que en el llamado corredor vial del sur, en donde se emplazan las minas que producen cerca del 35% del cobre nacional, acaba de registrarse un incremento inusitado de la minería ilegal sobre las concesiones de la minería moderna. En otras palabras, en los departamentos de Cusco, Apurímac y la Libertad la minería moderna comienza a ser amenazada por la ilegalidad y el terrorismo.

El Ejecutivo está en la obligación inmediata de restablecer el Estado de derecho en Pataz y en todas las demás zonas mineras amenazadas por la violencia y el terror. Las oenegés de izquierda, muy aplicadas a la hora de construir fábulas en contra de la minería moderna, están en la obligación perentoria de condenar a la minería ilegal que arrasa con el medio ambiente. Y todos los peruanos estamos en la obligación de defender abiertamente a la minería moderna que paga impuestos, genera empleo y es uno de los principales motores contra la pobreza.