Derogatoria de ley de Promoción Agraria destruyó posibilidad de formalizar

La derogatoria de la ley de Promoción Agraria, Ley 27360, que las izquierdas comunistas y progresistas promovieron contra viento y marea, se hizo con el afán de destruir el modelo agroexportador basado en la inversión privada de corporaciones agroexportadoras. Sin embargo, el único efecto que lograrán es condenar a la informalidad y la pobreza a más de dos millones de minifundistas, que conducen predios de menos de cinco hectáreas.

La Ley 27360 establecía un sistema tributario de 15% de renta que promovía inversiones en el agro –absolutamente descapitalizado–, la formalidad y la recaudación fiscal del Estado. Y durante dos décadas de vigencia de la mencionada norma se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y las agroexportaciones se incrementaron de US$ 621 millones a más de US$ 10,000 millones en el 2022. Igualmente la Ley de Promoción Agraria establecía un sistema de flexibilidad en los contratos de trabajo que posibilitaba contratar de acuerdo a la estacionalidad agraria: siembra, mantenimiento y cosecha. En el 2004 existían 460,000 empleos formales directos e indirectos, y hoy los empleos formales sobrepasan el millón entre directos e indirectos.

Cualquiera sea el ángulo de análisis los resultados de la Ley 27360 no tienen parangón en la historia económica del país. Sin embargo, las izquierdas comunistas y progresistas no cejaron en su campaña antinacional porque no podían aceptar que la inversión privada fuese la principal fuente de reducción de pobreza y expansión de la prosperidad en la agricultura. Estos sectores soñaban con las empresas estatales y cooperativas agrarias que fracasaron durante el velascato. Finalmente, lograron la derogatoria de la mejor ley económica de la historia republicana.

Sin embargo, a nuestro entender, los principales afectados serán los minifundistas porque la Ley 27360 no solo era para las grandes empresas –como sostenía la campaña de mentiras del comunismo–, sino, sobre todo, para los más de dos millones de minifundistas que se quedaron sin alternativas de formalización. Vale recordar que el milagro de las agroexportaciones en el país solo se desarrolla en el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura, sobre todo aquellas ganadas al desierto. El 95% restante de los predios es conducido por minifundistas que desarrollan una agricultura de sobrevivencia; porque carecen de títulos de propiedad, no pueden asociarse para crear economías de escala, no logran conseguir créditos ni socios capitalistas. A esta precariedad institucional y legal se suma la falta de carreteras e infraestructuras de regadío y sistemas hídricos.

Es evidente que la mayoría de los campesinos del Perú solo podrá abandonar la pobreza y la informalidad si el Estado y el Ejecutivo formalizan los predios agrícolas y construyen la infraestructura que posibilite producir y transportar los productos del agro. Sin embargo, los más de dos millones de minifundistas no tendrán posibilidad alguna para formalizarse y superar la pobreza si no cuentan con los beneficios tributarios y laborales que se reconocían en la Ley de Promoción Agraria.

A primera vista es absurdo imaginar a un parcelero de menos de cinco hectáreas contratando a un trabajador sin los criterios de flexibilidad establecidos en la derogada Ley 27360. Es absurdo, igualmente, imaginar que la titulación y la asociatividad de los pequeños parceleros pueda materializarse en créditos del sistema financiero, si ellos no tienen acceso al mercado mundial de más de 5,000 millones de consumidores que permiten los 22 tratados de libre comercio.

Como se aprecia, no hay formalización para los pequeños agricultores si es que el Congreso no restablece la plena vigencia de la ley de Promoción Agraria.