Del boom agroexportador, ¿a la agricultura de subsistencia?

El presidente interino, Francisco Sagasti, acaba de anunciar que el Ejecutivo impulsará Chavimochic III (proyecto hidráulico que ampliará la frontera agrícola en 63,000 nuevas hectáreas) y Majes Siguas II (que aumentará la extensión de tierras en 38,000 nuevas hectáreas). La pregunta que surge es ¿en las nuevas tierras se promoverán inversiones agroexportadoras, intensivas en capital y tecnología, o se fomentará la agricultura de subsistencia? Al respecto vale recordar, por ejemplo, que Majes Siguas I fue destinada a la agricultura de subsistencia y de minifundios. El resultado: la perpetuación de la pobreza.

La pregunta es válida frente a la vigencia de la nueva Ley Agraria que crea una remuneración especial para el agro –con un bono de 30% no remunerativo sobre el salario– por encima de la productividad de las empresas, sobre todo las más pequeñas. Igualmente se elimina gradualmente hasta el 2030 el régimen tributario especial que posibilitó inversiones por más de US$ 20,000 millones en dos décadas. 

Los especialistas y los propios empresarios señalan que las pymes vinculadas a la agroexportación quebrarán, sobre todo las dedicadas a cultivar arándanos, espárragos y granadas. Igualmente se asevera que han desaparecido las posibilidades de duplicar las inversiones agrarias (otros US$ 20,000 millones) en pocos años. En este contexto, vale preguntarse si estamos retrocediendo del boom agroexportador a la agricultura de subsistencia.

Pero eso no es todo. Diversas versiones señalan que la administración Sagasti, sin capacidad de restaurar el orden público –por los errores cometidos con la Policía Nacional del Perú– o de detener el rebrote de la pandemia, estaría a punto de ceder antes las presiones de las minorías comunistas y que los reglamentos de la mencionada Ley Agraria –aún por elaborarse– tendrían un claro sesgo en contra de la inversión y la competitividad de las empresas. Por ejemplo, acaba de vencer el plazo para redactar el reglamento concerniente a la llamada negociación colectiva, establecido en el artículo 8 de la Ley 31110, también llamada “Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego agroexportador y agroindustrial”.

En el segundo párrafo del artículo 8 de esa ley se establece que “se fomenta el derecho colectivo a la negociación colectiva, en particular, en ámbitos superiores a la empresa al afrontar los trabajadores agrarios y de la agroexportación dificultades para ejercer este derecho de manera efectiva, por la discontinuidad y estacionalidad de las actividades”. El referido texto, en la práctica, promueve la estabilidad laboral, al margen de la temporalidad de los contratos por la estacionalidad de la agricultura (siembra, mantenimiento y cosecha). ¿Acaso los contratos temporales no se establecen libremente entre un trabajador y una empresa? La pregunta, entonces, es: ¿El Ejecutivo se allanará a la propuesta comunista que pretende consagrar la negociación por rama como una manera de instaurar la estabilidad laboral absoluta en la práctica?

El segundo reglamento de la mencionada norma debe ser aprobado antes del 31 de enero y tiene que ver con el artículo 4, referido a las preferencias en los derechos de contratación que deben respetar los empleadores y con las obligaciones en la alimentación, transporte y emergencias, establecidos en el artículo 5 de la mencionada ley.

En la discusión de ambos reglamentos el objetivo de las minorías radicales, de orientación colectivista y comunista, es imponer veladamente la estabilidad laboral absoluta –ya sea mediante la negociación por ramas o a través de los derechos preferenciales de contratación– con objeto de terminar con la flexibilidad laboral en el sector agroexportador. Si estas minorías, que lograron derogar la Ley de Promoción Agraria –vigente en dos décadas y a través de cuatro gobiernos constitucionales–, consiguen su objetivo de imponer la estabilidad laboral habrán logrado plenamente su objetivo de destruir el boom agroexportador.

En este contexto, vale interrogarse, ¿a qué juega la administración Sagasti? ¿Por qué se tolera a las minorías violentistas que se autoproclaman representantes de los trabajadores agrarios? ¿Acaso no se entiende que luego de eliminar el sistema tributario promocional y establecer la estabilidad laboral absoluta, simplemente serán imposibles nuevas inversiones agrarias, y solo restará la agricultura de subsistencia? Nadie lo entiende.