Canon minero: el pan de los distritos del interior

Laura López, alcaldesa del distrito de Quequeña (Arequipa) confirmó el incremento del presupuesto de la municipalidad distrital, de S/ 750,000 a S/ 3,750 millones entre el periodo 2019 y 2020. La explicación: el canon recibido. Los pobladores del distrito arequipeño serán beneficiados con obras públicas como una planta de agua potable, cuya ejecución será adelantada debido a la disponibilidad de los recursos. No obstante el entusiasmo de la alcaldesa y pobladores del distrito, los grupos antimineros continúan difundiendo la idea de que la gente no quiere explotar ni aprovechar los recursos naturales.   

La ejecución de obras relacionadas con sistemas de agua potable y de regadío es constante en lugares donde la minería se establece. El objetivo es promover las actividades económicas de los poblados (agricultura, ganadería y acuicultura) y contribuir a la disminución de la brecha de infraestructura existente en el interior de las regiones. Como se sabe, el canon proviene del 50% de la renta anual que es transferido cada año a los gobiernos regionales y locales donde existe actividad minera.

Sin embargo, en Cajamarca, por ejemplo, los alcaldes Guillermo Teatino, del poblado de Apalín (en el distrito de Los Baños del Inca), y Juan Limay, de Huacataz, en reiteradas oportunidades han intentado detener las operaciones de la minera Yanacocha. Vale señalar que en Apalín la minera ha construido tres reservorios con capacidad total de 45,000 metros cúbicos de agua para beneficiar a 52 familias dedicadas a las actividades agrícolas y ganaderas. Además, están en camino otros proyectos de reservorios de agua. Asimismo, en Huacataz la minera ha contribuido con S/ 164,000 para desarrollar proyectos de irrigación tecnificada para beneficiar a 300 familias en 24 caseríos del distrito de Los Baños del Inca. 

¿De dónde, entonces, la percepción negativa sobre la minería? ¿Por qué se afirma que la agricultura y la minería son incompatibles? Todo vale en la estrategia de desprestigio de la minería. Incluso tesis universitarias con supuestas “estudios metodológicos de campo” (encuestas) sirven para detener la producción de cobre y generar ambientes de confusión favorables al marxismo. Hasta tesis bilingües, con la finalidad de internacionalizar la supuesta mala imagen de la minería peruana. 

El círculo antiminero, liderado por las oenegés ambientalistas, no descansa. En 2011 la paralización de Conga en Cajamarca (inversión de US$ 5,000 millones) sirvió como ejemplo para detener Tía María en Arequipa (US$ 1,400 millones). Con el aporte de Conga, Tía María y otros proyectos detenidos, la producción de cobre en Perú se habría duplicado y el país sería el primer productor de cobre en el mundo. Proyectos de agua y de saneamiento, redes eléctricas y de comunicación, centros médicos, colegios y sistemas de regadío agrícola se multiplicarían en el interior del país. Con el aporte del canon y las regalías mineras, las municipales hubieran aliviado sus gastos contra la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el plan del comunismo no es el bienestar de los pobladores; el plan es la pobreza, enfermedad y muerte. 

El proyecto Tía María, el más amigable con el medioambiente (producción de cobre por sistema de oxidación y lixiviación) continúa detenido, esperando un mejor momento para iniciar sus actividades. El movimiento antiminero ha logrado crear opiniones adversas en importante sectores de la sociedad, los medios y la academia. El desarrollo de la minería y proyectos como Tía María, con licencia de construcción de mina vigente y confirmada por el Consejo Nacional de Minería (CNM), después de un intento de revocarla, deben ser temas de debate electoral. Los candidatos a la presidencia no pueden soslayar su posición frente a las posibilidades económicas provenientes de la extracción de recursos naturales, como es el caso de Tía María. Que el país decida su futuro económico y, que opte por el bienestar y el desarrollo.