Cambiar el debate restableciendo vigencia de ley de Promoción Agraria

Hasta hoy las corrientes colectivistas y progresistas han organizado el debate nacional desarrollando sus fábulas y narrativas sobre la crisis del país y la pobreza. La expresión de ese triunfo está en que, no obstante el fallido golpe de Pedro Castillo y la defensa del Estado de derecho en el Perú, diversos sectores (incluso, encuestas) siguen señalando la amenaza que representa una asamblea constituyente en el Perú. Es hora de cancelar ese escenario y poner a la ofensiva la defensa de la Constitución y el crecimiento.

El debate económico que se avecina será fundamental para definir los escenarios; sobre todo considerando que las guerras institucionales y políticas parecen postergadas por algún tiempo, luego del fin del Gobierno de Castillo. La ralentización del crecimiento en el 2023 –todas las proyecciones se organizan a la baja– se explica por el fracaso del Estado en la distribución de la riqueza a través de obras de prevención en infraestructuras, por el fracaso de la regionalización y la burocratización generalizada del Estado. Y por supuesto, por la conflictividad y la incertidumbre políticas perpetuas. Sin embargo, existen otros factores –como el sistema tributario y laboral– que son fundamentales y decisivos, y que, de una u otra manera, marcan la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo.

En ese contexto vale recordar que las mayores modificaciones al modelo económico de los últimos 30 años a favor de la prédica colectivista y anti inversión se produjeron a través de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) y la promulgación de los decretos laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) durante el Gobierno de Castillo, que prohibían la tercerización laboral, promovían la creación artificial de sindicatos y liberalizaban en extremo del derecho a huelga. El objetivo era simple: bloquear las nuevas inversiones y asfixiar a las existentes, promoviendo el enfrentamiento de clases.

Sin embargo, a pesar de que esas medidas son las mayores modificaciones al modelo económico –que en las últimas tres décadas ha triplicado el PBI y reducido la pobreza del 60% de la población a 20%, antes de la pandemia–, ningún sector que defiende la Constitución y el Estado de derecho se ha opuesto. Es como si todos tuviesen vergüenza de aparecer al lado del empresariado. Un evidente triunfo de la guerra cultural que desarrollan las corrientes comunistas y marxistas.

A nuestro entender, el pleno restablecimiento de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) podría cambiar radicalmente los términos del debate en el país, sobre todo porque instalaría la urgente discusión sobre la pertinencia de la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, como una manera de enfrentar la informalidad de más del 85% de los empleos en el país.

La posibilidad de contratar de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura y de las agroexportaciones (siembra, cosecha y mantenimiento) permitió que los empleos formales se incrementaran de 460,000 en el 2004 (entre directos e indirectos) a más de un millón –directos e indirectos– de la actualidad. En otras palabras, en dos décadas de vigencia de la ahora derogada ley, el empleo formal creció en más de 50% en el sector moderno. Por otro lado, en determinadas regiones agrarias –como Ica– se llegó al pleno empleo, los salarios agrarios superaron largamente a la remuneración mínima vital y la población en pobreza se ubicó debajo del 10% de la población (la media nacional siempre estuvo sobre el 20%). La Ley 27360 abiertamente fue una ley proempleo, proformalización, que incentivó la contratación masiva de trabajo formal: algunas agroexportadoras llegaban a contratar a más de 10,000 trabajadores por campaña.

El restablecimiento de la ley de Promoción Agraria cambiaría el debate nacional y obligaría a definir el futuro de los decretos laborales de Castillo que modifican el modelo económico. Y, sobre todo, nos sacaría del debate sobre constituyente versus Estado de derecho y nos ubicaría en una discusión frontal sobre la pertinencia de avanzar o no en reformas (laboral y tributaria) para relanzar el crecimiento, la inversión privada y el proceso de reducción de pobreza. ¿Qué espera la oposición?