La peligrosa caída de la inversión privada y postergación de proyectos mineros

Las elecciones venideras en Perú, que determinarán los cambios en los poderes Ejecutivo y Legislativo en el año 2026, se presentan como un rayo de esperanza en medio de la crisis política que actualmente nos aqueja. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que, ante la difusión masiva de los relatos y las falsedades de la izquierda y el progresismo, no surja la amenaza de una nueva versión de Pedro Castillo y Perú Libre; es decir, representantes de la izquierda más radical, autoritaria y adversa a las libertades políticas y económicas. Una de las formas de asegurar que esto no suceda es que el Gobierno actual revitalice enérgicamente la economía peruana y se dedique a combatir la pobreza. Y esto solo será posible mediante el estímulo a la inversión privada, que constituye la principal generadora de empleo en el país.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), durante el primer trimestre de este año, la inversión privada se redujo en un 12%, principalmente debido a la contracción de la inversión en el sector minero (-23,2%) y a la disminución del 11% en los demás sectores. Con esto, ya se acumulan tres trimestres consecutivos de descenso en la inversión privada. Asimismo, la inversión pública disminuyó un 1% en los primeros tres meses de este año. Considerando que, en términos generales, la contribución del sector privado representa el 80% del total de la inversión en el país, proporciona alrededor del 80% de los ingresos estatales y genera más del 80% del empleo, tanto en los mercados formales como en los informales, es evidente que el motor principal del modelo que permitió cuadruplicar el PIB y reducir la pobreza del 60% al 20% de la población (antes de la pandemia) se está apagando.

Perú cuenta con una cartera de más de 60 proyectos mineros, de los cuales el 65% están relacionados con la extracción de cobre. Si estos proyectos se materializaran, se podría reducir los índices de pobreza del país en un 14% para el año 2031, alcanzar un crecimiento acumulado del 13% en el PIB, beneficiar directamente a 16,6 millones de personas, generar 3,9 millones de empleos y aportar S/ 85 000 millones en impuestos al Estado, así como S/ 47 000 millones en compras a proveedores locales. Sin embargo, los bloqueos y la paralización de las inversiones en el denominado "cinturón de cobre" en la región norteña de Cajamarca (siendo el proyecto Conga un caso emblemático) y los conflictos sociales en el corredor minero del sur (con proyectos tan importantes como Tía María) representan obstáculos para el desarrollo económico del país. La inestabilidad política y social ha generado incertidumbre en el sector minero y ha dificultado la atracción de inversiones.

El ambicioso proyecto minero Conga representa una inversión aproximada de US$ 4,500 millones y, de ser llevado a cabo, podría generar más de 3,000 empleos directos en los primeros años, impulsando así el crecimiento económico a nivel local. Sin embargo, a pesar de que Yanacocha, la empresa concesionaria, cumplió con todos los requisitos legales y obtuvo la aprobación del estudio de impacto ambiental con un año de anticipación, la construcción de este proyecto fue abruptamente detenida en 2011. Esta interrupción fue producto de los intereses políticos de Ollanta Humala, quien utilizó el cierre del proyecto con fines demagógicos para obtener apoyo de un sector de la población en Cajamarca.

Por otro lado, el proyecto minero Tía María, que ha sido concedido a la empresa Southern Peru con una inversión de US$ 2,000 millones, se perfila como un elemento clave para el desarrollo económico de la región. Se estima que Tía María producirá alrededor de 120,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anualmente, generando más de S/ 300 millones en canon y regalías para el país, y creando más de 9,000 empleos en su área de influencia. Este proyecto ha cumplido rigurosamente con todos los requisitos establecidos por el Estado, incluyendo la obtención de la "licencia social". Por lo tanto, no existen obstáculos que impidan dar inicio a la fase de construcción. Además, la empresa concesionaria ha propuesto al Gobierno reemplazar la planta de desalinización original, cuyo costo ascendía a US$ 100 millones, por la construcción de la represa de Paltiture, con un costo considerablemente mayor. Esta propuesta busca tener un impacto positivo en la agricultura regional, beneficiando así a la región en su conjunto.

El potencial del Perú en el sector minero es significativo, ya que se proyecta que para el año 2031 el país pueda producir 5 millones de TMC gracias a los proyectos mineros que ya están en cartera. Sin embargo, para alcanzar esta meta, es necesario superar una serie de desafíos, entre ellos la conflictividad social, así como mejorar la distribución equitativa de la riqueza generada por las empresas mineras a través de impuestos, canon y regalías. Lamentablemente, en muchos casos, estos ingresos no llegan a los peruanos más pobres debido a la falta de capacidad administrativa y la corrupción existente en la burocracia. Por lo tanto, resulta fundamental abordar estos problemas de manera efectiva a fin de aprovechar plenamente el potencial del cobre en beneficio de la economía peruana y de la población en general.