¿Y la tolerancia política?

Sobre el uso de calificativos discriminatorios y estigmas en la campaña

Uno de los valores fundamentales de los sistemas democráticos es la convivencia pacífica dentro de una diversidad de ideologías y de legítimos partidos políticos que buscan llegar al poder a través de las elecciones. Esto se reconoce internacionalmente como el principio de la “tolerancia política” lo cual conlleva al pleno respeto de los derechos humanos. Lamentablemente este principio democrático actualmente se ve debilitado por un sector de dirigentes políticos que, paradójicamente, se proclaman implacables defensores de la democracia y los derechos humanos.

Si bien cada quien goza de la libertad para criticar según sus preferencias y empatías, esta libertad dentro del sistema democrático respeta formas y principios que implican no apelar a la crítica basada en calificativos discriminatorios  o  en la estigmatización de grupos ya que estas prácticas generan una peligrosa intolerancia política hacia sectores de la población.  Sobre este punto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe Anual de Derechos Humanos sobre Venezuela, advierte que “las declaraciones públicas de descalificación, estigmatizantes e intimidantes, en contra de distintos grupos de la sociedad civil identificados como de oposición, son una señal clara de intolerancia política y contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos,  y que además pueden ubicar a un sector de la población en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo ante posibles ataques de distinta naturaleza”.

Dicho lo anterior, preocupa que tanto desde el Gobierno como desde un grupo de líderes de opinión se utiliza sistemáticamente declaraciones públicas excluyentes y discriminatorias hacia ciertos líderes políticos. Por ejemplo, el oficialismo y sectores de la prensa califican directamente al ex presidente Alan García como “el candidato de los narcos” a pesar de que no existe ninguna condena al respecto, y por otro lado, el Presidente Humala afirmó que el partido Fuerza Popular (FP) había nacido de una “cloaca”, buscando excluirlos del debate político. De la misma manera, la ex comisionada de la CIDH, Susana Villarán De la Puente, calificó de  “estirpe de reptiles” a FP, y  llamó  “traidor” al señor Vladimiro Huaroc por haber tenido la apertura política de dialogar y llegar a un entendimiento con FP. El escritor Mario Vargas Llosa también agravia constantemente a la señora Keiko Fujimori por ser hija de un ex Presidente o por tener familiares denunciados. Peor aún, el Juez de la Corte IDH Diego García-Sayán Larrabure también ha descalificado a la señora Fujimori por delitos cometidos por terceros y cuestiona su imagen de cambio.

El magistrado de la Corte IDH incurre en el grave error de desconocer el principio universal de la responsabilidad individual de los delitos, algo insólito en un miembro de un tribunal de justicia internacional que solo podría explicarse por algún prejuicio ideológico heredado de su antigua militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que hoy también lo lleva a apoyar una amnistía para las FARC de Colombia.

Finalmente, la señora Verónica Mendoza tilda de “corruptos” a los miembros del Partido Aprista y de “herederos” de la dictadura a los de FP, a la vez que defiende el gobierno autoritario de Venezuela.

Lo señalado evidencia críticas antidemocráticas, subjetivas y en base a calificativos con rasgos discriminatorios y estigmatizantes. Esto expone una intolerancia política que debería corregirse para evitar el doble discurso en líderes que por un lado buscan promover valores democráticos pero actúan lejos de los mismos cuando colisionan sus intereses.

La campaña electoral está ad portas de empezar y los ciudadanos tendrán una nueva oportunidad para identificar y verificar -a partir de los hechos- la altura del debate y la conducta democrática de sus líderes, para emitir luego un voto informado y de valor.

Por: Fernando Nieto