Todas somos Lizeth Marzano

La muerte de Lizeth Marzano no solo duele: indigna. Indigna porque no fue un hecho inevitable. Indigna porque no terminó en el momento del impacto, sino que se prolongó en la huida, el abandono y el silencio. Indigna, sobre todo, porque vuelve a recordarnos una verdad que como país nos negamos a enfrentar: en el Perú, la justicia parece reaccionar distinto cuando el responsable tiene apellido, entorno o contactos que lo resguardan.

No estamos ante un simple atropello. Estamos ante una cadena de decisiones. La primera, conducir sin el cuidado que la vida ajena exige. La segunda, huir. Porque cuando una persona es atropellada y dejada a su suerte, no solo se infringe una norma: se quiebra un pacto básico de humanidad. Mientras una familia enfrentaba el dolor más brutal, el país asistía, una vez más, a una respuesta institucional lenta, inexplicable cuando lo que está en juego es una vida humana.

La indignación que hoy sentimos no nace del odio ni de la sed de castigo. Nace del dolor. Del miedo. De la certeza de que cualquiera pudo ser Lizeth. De saber que bastan segundos de irresponsabilidad y minutos de cobardía para destruir una vida y marcar para siempre a una familia. Y duele aún más cuando la justicia parece caminar con cautela allí donde debería correr.

El atropello y la fuga no son errores. Son elecciones morales. Elegir salvarse antes que auxiliar. Elegir el silencio antes que la responsabilidad. Elegir protegerse antes que reconocer el daño causado. Esa elección no se toma en el vacío: se aprende, se tolera y se normaliza. Y cuando como sociedad dejamos de cuestionarla, nos volvemos cómplices pasivos de esa normalización.

El 26 de febrero, durante la madrugada, llegó finalmente la detención del responsable. Llega tarde, y eso también duele. Porque ninguna detención devuelve una vida ni borra la angustia de quienes esperaron respuestas. Pero deja una lección incómoda: la justicia avanzó empujada por el clamor ciudadano, por la voz de quienes se negaron a aceptar que el tiempo protegiera a quien huyó.

Este caso no solo interpela al sistema; interpela a la sociedad que estamos construyendo. Nos obliga a preguntarnos qué valores se están enseñando cuando el privilegio parece ofrecer refugio y la responsabilidad se vuelve opcional. Qué clase de hombres estamos formando cuando no se inculca que la vida ajena es un límite sagrado, que el error se enfrenta y no se evade, que el dolor del otro importa.

La crianza no es un asunto secundario. Criar hombres con empatía, con sentido de responsabilidad y con respeto por la vida no es una consigna ideológica: es una urgencia social. El privilegio no puede seguir funcionando como coartada moral. Nadie debería sentirse autorizado a abandonar a otro ser humano en el asfalto y confiar en que todo se diluya con el paso del tiempo.

Digo que todas somos Lizeth Marzano porque cualquiera pudo ser ella. Porque su muerte nos enfrenta a una verdad incómoda: cuando normalizamos la impunidad, no solo fallamos como Estado, fallamos como sociedad. Y un país que tolera eso no solo pierde vidas; pierde dignidad.