Fragmentación territorial y sentido de ciudad

 

Lima constituye una partición caótica de jurisdicciones locales que colisionan en un territorio compartido. La fragmentación administrativa resulta ineficiente, fracturando la gestión de infraestructura y del patrimonio común. Hoy enfrentamos conflictos en los que la visión “barrial” bloquea la viabilidad metropolitana, afectando un bienestar local que se torna insostenible si se paraliza el “sistema ciudad”.

 

Lo local frente al bien común urbano

El problema que nos interpela es la jerarquía en el uso del suelo. Las arterias viales, los puentes de interconexión y los grandes pulmones verdes son componentes esenciales de la metrópoli. Sin embargo, muchas administraciones locales gestionan estos activos con una lógica asimétrica de exclusividad: distritos que dependen diariamente de infraestructuras masivas construidas en otras jurisdicciones se oponen a que su suelo cumpla una función análoga, rompiendo el principio de reciprocidad urbana. Este fenómeno se alimenta de juntas vecinales sin sentido de ciudad, aliadas con alcaldes distritales que explotan sensibilidades locales en favor de un populismo carente de visión metropolitana.

 

Insuficiencia institucional de la MML

Aunque la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) posee los atributos legales para gobernar el territorio, su condición de ente político le impide cumplir su misión técnica: queda atrapada entre negociar con alcaldes distritales y evitar conflictos que afecten su popularidad electoral. Se neutraliza su autoridad y capacidad para defender el interés general ante resistencias locales.

 

El Puente de la Paz: de la privatización de facto a la integración

Un caso ilustrativo es el Puente de la Paz (que une Miraflores y Barranco). Antes de su construcción, los espacios adyacentes eran zonas poco transitadas que los vecinos del entorno asumieron, en la práctica, como una extensión de su propiedad privada. Al integrarse estos espacios a la red peatonal metropolitana, surgió una resistencia que acusaba pérdida de una “tranquilidad” propia de un condominio o barrio residencial cerrado.

 

Lo que los vecinos perciben como afectación es, en realidad, el fin de una privatización de facto del espacio público. La intensa circulación de peatones y el flujo turístico actual no constituyen perjuicio, sino evidencia de su recuperación funcional: un espacio antes sin uso hoy cumple su rol de conectar la ciudad, devolviendo a la metrópoli un activo que le pertenecía.

 

Cicatrices históricas y bloqueo de la movilidad

Esta resistencia también obstaculiza los proyectos viales de la Avenida Javier Prado en San Isidro, Jesús María y Magdalena. Distritos que capturan los beneficios de la conectividad general rechazan su responsabilidad de mejorar la fluidez del sistema. Sin embargo, en su momento liquidaron el Bosque Matamula y el antiguo hipódromo San Felipe para construir la Residencial San Felipe y sus alrededores, o fragmentaron el Campo de Marte con proyectos locales de concreto, sin compensar a la ciudad la pérdida de espacios verdes.

 

Solución: autoridad central y modelo de “perecuación”

Se requiere una autoridad metropolitana con autonomía vinculante, técnica y sin ataduras electorales, que gestione un modelo de compensación espacial. Este concepto se inspira en la “perecuación” del Gobierno canadiense y otros federalismos modernos: un sistema de compensación financiera que busca equilibrar disparidades territoriales y garantizar servicios similares. Bajo este modelo, debemos sincerar cuentas entre acreedores y deudores de espacio, como por ejemplo:

• Acreedores. La Victoria, Cercado o San Juan de Miraflores han cedido territorio para albergar vías expresas, metros y terminales, asumiendo costos de esa servidumbre vial.
• Deudores. San Isidro, Miraflores y San Borja. Este último, aunque soportó un “perjuicio” estético y sonoro con el Tren Eléctrico en la Avenida Aviación en favor de la movilidad masiva, sigue siendo beneficiario neto.

 

Conclusión: de feudos a ciudad moderna

Bajo una lógica de retribución espacial equitativa, los “deudores” deben compensar a la metrópoli mediante integración real supervisada por una autoridad técnica independiente del voto distrital. Lima dejará de ser una suma de feudos para convertirse en una ciudad moderna, donde el cálculo electoral y la comodidad del barrio “exclusivo” no restrinjan la movilidad de millones.