Soberanía e integridad nacional bajo amenaza

El gobierno marxista de Cerrón y Castillo tiene por finalidad imponer el Plan de Gobierno del Partido Perú Libre. Y para llevarlo a cabo, la condición sine qua non es convocar a una asamblea constituyente y promulgar la nueva “constitución política del Estado plurinacional del Perú”, hecha a medida de los intereses ideológicos de Cerrón. ¿A estas alturas alguien duda de ello?

Pues bien, la dupla Cerrón y Castillo, aun sabiendo que son minoría en el Congreso, vienen aplicando el manual marxista de agudización de las contradicciones, con su monotemático discurso del “pueblo” y enfrentando a ricos con pobres, provincianos con limeños, empresarios con trabajadores, mineras con comunidades, etc. En paralelo, socavan la “vieja estructura” del Estado peruano. Para ello niegan los evidentes actos de corrupción del Gobierno y culpan de todos los males del Perú al capitalismo y al “modelo económico neoliberal”. Y sostienen que el bálsamo salvador es una “nueva constitución”.

No les interesa la aptitud y perfil profesional ni cualidades éticas ni morales para designar ministros y viceministros, salvo pocas honrosas excepciones y funcionarios del régimen. Tampoco les interesa tener una visión estratégica del Perú, de la inversión –que es el motor del crecimiento económico–, destrabar proyectos, controlar la inflación, generar mayor empleo, ayudar a las PYMES, cerrar las brechas sociales e implementar reformas.

Como era de esperarse, el Congreso mandó al archivo, por inconstitucional, el proyecto de ley del Ejecutivo para convocar a un referéndum para una asamblea constituyente. Por otro lado, debido a la ingenuidad o por una cuota de poder, algunos partidos de oposición en el Congreso han suavizado sus posiciones con el gobierno. En consecuencia, se han agotado las vías constitucionales y legales para imponer su nueva constitución a imagen y semejanza a las constituciones bolivarianas. Qué duda cabe que irán por la vía de acentuar la “legitimidad” de la nueva constitución, cueste lo que cueste, a pesar que, según diversos sondeos de opinión, esa es la última prioridad de los peruanos.

Los coqueteos de Castillo con la ideología del Runasur, que despertaron una protesta nacional por sus declaraciones a un medio extranjero (donde deslizó la posibilidad de un referéndum para otorgar una salida al mar a Bolivia), son una clarinada de alerta. Bajo el eufemismo de la “pluriculturalidad” se quiere destruir al Estado unitario y se pone en peligro integridad nacional, ya que Runasur apunta a una visión geopolítica trazada por Evo Morales para obtener una salida al mar para Bolivia por el litoral del sur del Perú. Un émulo de la Confederación peruano boliviana del siglo XIX, pero ahora con un tinte ideológico.

Adicionalmente la propuesta de cambio de bandera de una congresista del oficialismo, que no resiste el menor análisis, es no solo una descabellada propuesta sino también parte de una estrategia para agudizar las contradicciones y sumar iniciativas creativas que justifiquen una nueva constitución. Una propuesta totalmente atentatoria contra la integridad histórica y cultural de nuestro país.

El último gesto político de Castillo de llevar a los “reservistas” o licenciados de las FF.AA. a Palacio de Gobierno, so pretexto de justos reconocimientos legales, apunta en la dirección de tratar de dividir a las FF.AA. de cara al uso político de los miles de licenciados. No olvidemos la franqueza de Cerrón, no hace mucho, cuando afirmó que no se puede gobernar sin tener bajo control, entre otros, al Ejército.

Sin embargo, preocupan temas de los cuales se habla poco. Como sabemos el Acuerdo Nacional –creado en el 2002 e integrado por los partidos políticos, gremios, organizaciones, iglesia etc.–, tomando como base la Constitución Política, establece 35 Políticas de Estado de largo plazo, con el marco referencial de la Constitución vigente. Todos los presidentes de los partidos políticos han firmado el Acuerdo Nacional; menos Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre.

Asimismo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: “Plan Bicentenario” culminó el 2021. El Plan Estratégico sucesor a partir del 2022, “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050”, preparado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que toma como base la Constitución Política y el Acuerdo Nacional, aún no ha sido aprobado por Castillo y el Consejo de Ministros. Como es de esperarse, a partir de este Plan los tres niveles de gobierno, poderes públicos, organismos autónomos etc. actuarán estratégicamente, y el Ejecutivo puede formular y actualizar políticas nacionales multisectoriales.

¿Por qué no le interesa la prospectiva y planificación estratégica al Gobierno de Castillo? Sencillamente porque el proyecto de la nueva constitución, soñada por Cerrón, colisiona con los preceptos de la vigente Constitución en materia de rol del Estado, libertades fundamentales y régimen económico (es decir, la economía social de mercado). A su vez es incompatible con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, entre ellas, la Política 3: “Afirmación de la identidad nacional”, Política 4: “Institucionalización del diálogo y la concertación”, y en especial de la Política 17: sobre la “Afirmación de la economía social de mercado”.

Por otro lado, el artículo 165 de la constitución dice: “Las Fuerzas Armadas … tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República”. Los términos de independencia y soberanía anteriores no solamente deben ser analizados desde la perspectiva territorial, marítima o aeroespacial; también deben analizarse en el contexto integral, manteniéndonos libres y soberanos de nuestras propias decisiones y de injerencias e infiltraciones de agentes de países de corte marxista o de la esfera bolivariana, que tienen antecedentes de intervención fuera de sus fronteras.

El Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú (2006), que es la política de defensa para el ciudadano de a pie, considera entre las amenazas para el Perú a las doctrinas de seguridad incompatibles con la vigencia del derecho internacional; el terrorismo, narcotráfico y delincuencia internacional; grupos radicales que promueven la violencia social y desbordes populares; delincuencia organizada, corrupción y depredación del medio ambiente. Por supuesto que varias de estas amenazas se encuentran presentes en lo que va del Gobierno de Castillo.

En consecuencia, el Gobierno del Presidente Castillo carece absolutamente de visión estratégica por razones ideológicas y atenta contra la soberanía, independencia e integridad nacional, colisionando directamente con la constitución. El Congreso debería tomar esto en cuenta, y le corresponde tener la última palabra.