Seguridad nacional: el atajo que puede salir muy caro

Es una tentación recurrente en la región cada vez que un gobierno entrante enfrenta un escenario de seguridad complejo: si la amenaza es sofisticada, la respuesta debe venir de afuera. Contratar a un consultor extranjero de prestigio (persona, empresa o servicio) para que diseñe la arquitectura de seguridad del nuevo Gobierno. La lógica parece impecable. La experiencia, una y otra vez, dice lo contrario. Más allá del desconocimiento del terreno, existe además el riesgo de subordinar el trabajo de inteligencia a intereses extranacionales, como sucedió con la influencia rusa (entonces soviética) dentro del SIN durante la dictadura de Juan Velasco, un problema que se puede constatar en la formación académica y presencia «diplomática» de muchos de sus cuadros. Y que, a juzgar por esos indicios, persistiría en la DINI hasta nuestros días.

La inteligencia y la seguridad nacional no son disciplinas genéricas que se importan como un software. Son, ante todo, un ejercicio de lectura del terreno propio: quién controla qué facción del Congreso, qué rencores e intereses arrastra cada actor regional, qué afectos, raíces y tendencias ideológicas arrastran jueces, fiscales y demás funcionarios desde sus épocas universitarias, cómo se mueve realmente el dinero del narcotráfico en el VRAEM, qué generales le deben favores a quién, qué jueces son permeables y cuáles no. Ese conocimiento no se transfiere en un briefing de tres días. Se construye durante años, dentro del sistema, con las cicatrices y lecciones que deja cada crisis mal manejada.

Un asesor extranjero, por brillante que sea su currículo, llega sin esa cartografía, que a menudo no está registrada en ninguna parte por ser anterior a la expansión de las redes y el internet. Y en seguridad nacional, la falta de contexto no es un defecto menor: es el error que convierte una amenaza manejable en una crisis. La historia reciente de la región está llena de ejemplos de consultorías foráneas bien intencionadas que terminaron chocando contra realidades políticas que nadie les explicó, o que fueron instrumentalizadas por actores locales para fines que el consultor ni siquiera alcanzó a percibir.

A esa cartografía política se suma otra capa, más sutil y más difícil de enseñar: los códigos de la cultura peruana, cortesana por herencia del Virreinato, donde el poder se ejerce tanto en el gesto y el protocolo como en la norma escrita. Generaciones de políticos y diplomáticos extranjeros, inversionistas y agregados de inteligencia han pasado años en Lima sin llegar a descifrar del todo esas claves. Quién habla en nombre de quién, qué silencio significa acuerdo y cuál desprecio, qué gesto de cortesía esconde una negociación real, qué gestos y postergaciones encubren una negativa. Es un conocimiento que no figura en ningún manual de inteligencia comparada, y que solo se adquiere habiendo crecido y actuado dentro de ese código.

Hay además un problema de diseño institucional, y este es quizás el más importante. Un asesor de seguridad nacional que responde a un vínculo personal o a una recomendación informal, sin anclaje claro en la estructura del Estado, sin líneas de rendición de cuentas, no fortalece la institucionalidad: la elude. Ese fue, en esencia, el error que cometió Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos, y tanto él como el país lo pagaron muy caro. Cambia el ministro, cambia el asesor de turno, y la estrategia de seguridad nacional se reinicia desde cero cada vez.

La costumbre de improvisar funciones críticas de seguridad a través de favores y recomendaciones personales, en lugar de cargos con reglas claras, debe desterrarse. El mando oficioso de funciones operativas no debe repetirse.

La solución a ese problema no es reemplazar un favor personal por otro, así el segundo venga con un currículo más vistoso. La solución es crear la figura correcta: un Asesor Presidencial en Defensa, Inteligencia y Seguridad, con reporte directo al Jefe de Estado, con funciones y límites definidos por norma —diseño y evaluación estratégica, sin funciones operativas—, y con continuidad más allá de la rotación política. Esa figura requiere además libertad de desplazamiento dentro y fuera del país, sin depender de permisos de salida ni de límites temporales cuya publicación destruiría precisamente la confidencialidad que la función exige. Esa institucionalización es, en sí misma, la mejor protección no solo contra el riesgo de depender de nombres de ocasión, vengan de donde vengan, sino también de la propia institucionalidad y legitimidad de la presidencia, tan erosionadas en las últimas décadas.

Esto no es un argumento contra la cooperación internacional, que es indispensable y que Perú necesita profundizar, particularmente con Estados Unidos y con aliados regionales y otros aliados occidentales que compartan nuestros valores culturales y genuinamente democráticos. Esa figura debe, además, contar con una red regional y occidental propia en el campo de la inteligencia, la seguridad y la defensa que le permita canalizar mejor las capacidades de cooperación existentes, y con una voz escuchada en los altos círculos de poder cuando sea necesario conseguir el respaldo político externo que tantas veces se ha despreciado a un costo altísimo.

Es, más bien, un argumento contra la sustitución: contra la idea de que un nombre impresionante puede reemplazar el conocimiento acumulado de quien ha estado dentro del sistema peruano, ha lidiado con su Congreso, su Poder Judicial y su prensa, con sus mandos policiales y militares, y conoce de primera mano dónde están los cuerpos enterrados, en sentido figurado y a veces no tan figurado.

El nuevo Gobierno tiene una oportunidad real de corregir un defecto estructural que ha lastrado a las últimas administraciones: la ausencia de un asesor de seguridad nacional independiente de la rotación de ministros del Interior y Defensa, que dé continuidad estratégica más allá de los vaivenes políticos. Esa figura debe ser peruana en el sentido más profundo: alguien que entienda el país no desde un dossier, sino desde la experiencia de haberlo gobernado, defendido o estudiado desde dentro.

Traer a alguien de afuera para ese rol específico no es una señal de sofisticación. Es, en el mejor de los casos, un atajo; en el peor, una vulnerabilidad que el propio gobierno estaría creando sin darse cuenta.