Responsabilidad penal o responsabilidad política

Los luctuosos sucesos de Los Olivos han abierto un intenso debate acerca de quiénes serían los responsables. La respuesta oficialista no duda en concentrar la culpa en el capitán y los efectivos de la operación. Pero esto, lejos de aclarar las cosas, ratifica la sospecha ciudadana de que el Gobierno esconde la verdad. En efecto, durante toda una larguísima semana el ministro del Interior sostuvo que la intervención policial fue impecable, y que la tragedia era sólo achacable a la codicia de los promotores y a la terca estulticia de los jóvenes asistentes. Muchos de ellos con antecedentes, para mayor desdoro. 

Pero esta narrativa tendente a construir un nuevo “enemigo público” –al cual imputar la vorágine de la pandemia, que las autoridades no pueden controlar– se desplomó e hizo trizas cuando alguna prensa dio a conocer los videos que refutaban la versión gubernamental. La contundencia de la imagen revela el fiasco del operativo que causó las trece víctimas fatales; quedan por investigar las razones de cerrar la puerta, la demora inexplicable y la razón de apretujar, en el estrecho callejón vertical de la escalera, a un número de personas que no podían salir. 

No se explica la dilatada permanencia de una mentira descomunal sobre un hecho que involucra muertos y heridos. Quizá la versión contada por los actores sea verosímil en lo inmediato, pero su credibilidad será muy corta, máxime cuando se capturaron los registros de las cámaras de seguridad. En consecuencia, para que la falacia haya durado tanto y goce del respaldo oficial, ha sido imprescindible la aquiescencia de toda la cadena de mando, tanto en la Policía Nacional como en el Ministerio del Interior. 

Cuando el ministro admite ante la Comisión de Fiscalización del Congreso “que se enteró por la prensa”, a modo de disculpa, revela –si le creemos– una absoluta desconexión con la trama de poder de dichas instituciones. Y esta ausencia de manejo elemental, en quién está llamado a mandar a nombre de la Nación, constituye una responsabilidad política grave. Obviamente, carece del mérito suficiente para ostentar tan alto cargo. 

Esta clase de responsabilidad es distinta de la de quienes actuaron violando los reglamentos y protocolos, incurriendo en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. La responsabilidad –ya sea administrativa, civil o penal– está tipificada en normas jurídicas. La responsabilidad política no se sustenta en parámetros legales, sino en criterios más amplios como la conveniencia, la oportunidad o el mérito, que permiten evaluar una conducta determinada. 

Prima facie, el todavía titular del Interior no reúne la idoneidad para el cargo. Por eso es políticamente responsable. Mas si la investigación demuestra que sus órdenes u omisiones produjeron el desenlace funesto y que además mintió, su responsabilidad será de naturaleza penal.