Se ensaya otro golpe de Estado contra el Congreso

Hablemos sin tapujos ni ambigüedades. El mandato cautelar del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima que suspende la sesión del Congreso, convocada para renovar a los miembros del Tribunal Constitucional, es un crimen de lesa res publica, un atentado contra el principio constitucional de separación e independencia de los poderes estatales, un golpe burdo contra la Representación Nacional. Es tan ilegítimo como si el Parlamento aprobara una ley que suspenda una investigación fiscal o el dictado de una sentencia judicial. Y seguramente ninguno de los cretinos que hoy defienden la infamia, saldría a decir que se debe acatar semejante mamotreto, porque “la ley es la ley”.

Es que hay límites razonables para la actuación de los órganos estatales. No interferir en el funcionamiento del otro es quizá el más importante. Así como el Congreso no puede inmiscuirse en la actividad jurisdiccional, los jueces tampoco podrán impedir la función parlamentaria ni el ejercicio de sus competencias tasadas en la Constitución Política. Esta es la regla básica del Estado de Derecho y su contravención técnicamente constituye un golpe de Estado. 

Mas lo sucedido dista de ser una cuestión jurídica simplemente. Es ridículo pensar que tamaño despropósito sea obra de una jueza provisional, que ni siquiera conoce la materia, en los pinitos de su carrera judicial. Una mano negra y poderosa le ha escrito el libreto que ella se ha comprometido a firmar. Son los poderes ocultos que tiempo ha secuestraron a los distintos organismos jurisdiccionales, poniéndolos al servicio del poder político de turno. Estamos ante una de las herencias más deletéreas del vizcarrato. Por eso, desde la cúpula gubernamental movilizan la maquinaria para impedir el reemplazo de los seis magistrados que tienen mandato vencido más de dos años atrás. Fresca está la amenaza de Sagasti de impedir un TC renovado por todos los medios posibles, incluyendo la movilización callejera.

¿Qué misterio esconde el Tribunal Constitucional?. ¿Por qué hasta el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un caviar internacional, interviene en un asunto interno? Por una razón: la correlación de fuerzas en el TC proviene de la época de Humala, y el radicalismo antidemocrático la quiere perpetuar. Gracias a una mayoría filocomunista y caviar –corruptora de la defensa de la Constitución– el TC operó como guardaespaldas de las tropelías de Vizcarra y tuvo la indecencia de santificar el cierre golpista del Congreso.

Ahora el heredero morado de esta horda de saurios en el poder quiere rematar su misión. No solo garantizar el fraude electoral para que la hegemonía caviar perviva, contrariando la voluntad popular, sino mantener una caricatura de Tribunal Constitucional desvencijado y con mandato caduco, que otorgue la bendición a la ruptura de la Constitución histórica, que está por venir.