¿Qué hacer con la Ley de Publicidad Estatal?

Los peruanos estamos viviendo un clima de polarización política que viene motivando discusiones e incluso peleas entre hermanos, amigos, compañeros, etc., por el simple hecho de no comulgar con las ideas políticas del interlocutor. ¡Hoy si no piensas como uno, eres o fujiaprista o caviar!

Esta preocupante situación se viene agudizando debido a que gran parte de la información propalada por los medios de comunicación social responde a una bien montada estrategia de sugestión a la población, activada mediante el empleo de “titulares espectaculares”, orientados a la demolición del adversario. Ese adversario hoy puede ser un político opositor y mañana puede ser cualquier otra persona, empresa o institución que esté en contra de los intereses de los propietarios de los grandes conglomerados mediáticos, como los son el grupo El Comercio y La República. Estos grupos vienen trabajando articuladamente con el IDL de Gustavo Gorriti, dejando como niño de teta al accionar estratégico del SIN de Vladimiro Montesinos Torres de los noventa.

Esto que puede parecer una exageración, en la práctica es una realidad, ya que muchos peruanos no gustan de la lectura. Por eso acostumbran a informarse a través de los titulares de los periódicos colgados en los kioscos durante sus desplazamientos, o en los noticiarios de TV o Radio, que —por el escaso tiempo que manejan— limitan la información e incluso la sesgan en beneficio a los intereses de estos conglomerados mediáticos.

El problema radica en que muchos de estos medios cada vez tienen menos lectoría, y con ello menos recursos económicos, razón por la que hoy dependen de la publicidad del Estado para subsistir. Esta es la simple razón por la que hoy gran parte de los medios de comunicación se han convertido en maquinarias propagandísticas de los gobiernos de turno.

Es por ello también que inescrupulosos empresarios mediáticos utilizan las líneas editoriales de sus medios para impulsar o promover inversiones millonarias del Estado en activos y en obras, en las que ellos o sus socios son parte importante. Esto es lo que en la práctica ha ocurrido con el Club de la Construcción en el Perú; algo que en la actualidad, pese a la importancia que el hecho reviste, viene siendo sospechosamente acallado por oscuros intereses para que la opinión pública lo olvide.

Es por esta coyuntura que hace unos meses el Congreso de la República emitió una Ley a la que se le denominó “Ley Mulder” o “Ley Mordaza”, que buscaba terminar con este complejo problema. Pero en la práctica se fue al otro extremo; es decir, se prohibió toda la publicidad del Estado, generando un problema social al impedir informar a la población sobre temas de real interés. La gran maquinaria mediática no se quedó atrás y orientó su esfuerzo para traerse abajo esta ley emitida por el Congreso. Gracias a una rápida intervención del Tribunal Constitucional, se admitió la demanda del Ejecutivo para declarar su inconstitucionalidad y traer a fojas cero la solución del problema.

Ante esta situación, creemos que el Congreso de la República debería revisar, cuánto antes la Ley de Publicidad Estatal, con el fin de dotarla de mecanismos para asegurar una eficiente inversión publicitaria del Estado en los medios. Y también para asegurar que todo gasto responda a una evaluación técnica del rating, lectoría, alcance y cobertura de los medios a contratar. Es decir, a un proceso que sustente técnicamente la inversión publicitaria, para luego ser socializada a través del portal de transparencia del organismo del Estado o la institución pública promotora.

Creemos que con estas acciones el propio sistema permitiría que solo subsistan los medios de comunicación más eficientes y eficaces, limitando con ello su manejo político. Esto asimismo ayudaría a reducir, en algo, la actual polarización política existente en nuestra población, que tanto daño hace a la unión y concordia entre los peruanos.