Nicaragua: cuando votar deja de ser posible

En la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega anunció que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. "Se acabó la historia…". No invocó amenazas externas o suspensiones transitorias. Suprimió el mecanismo y eliminó a la oposición.

Más que un cambio de régimen fue una confesión. Sus palabras develaron lo que estos regímenes suelen ocultar. La elección nunca fue el fundamento de legitimidad del Gobierno, fue su instrumento: conservado mientras produjo victorias, eliminado al garantizar derrotas. Chávez convocó a consultas populares mientras era popular. Ortega las suprime porque dejó de serlo.

La evaluación de los gobiernos no depende solo del programa económico o del discurso, sino de una variable verificable: ¿aceptará perder el poder y entregarlo?

El proceso nicaragüense suele fecharse en 2007, pero comienza en 1979, cuando la Revolución Sandinista derrocó a Somoza, instalando la Junta de Gobierno de Reconstrucción donde Ortega gobernó once años.

En 1990 perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro y entregó el poder. Parecía mostrar que el proyecto no era irreversible. La alternancia lo detuvo.

Pero el sandinismo conservó su estructura territorial y presencia estatal: controló al ejército y policía, con cuotas institucionales en los siguientes gobiernos. Diecisiete años fuera del gobierno, pero no del Estado. En 2007 regresó por la vía electoral con 38% de los votos y retomó el proceso donde lo dejó.

En 2014 eliminó el límite de mandatos. Subordinó al Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema. En 2021 canceló la personería de los principales partidos, detuvo a siete aspirantes presidenciales para ganar sin adversarios. Confiscó La Prensa, anuló la personería de miles de organizaciones civiles, expulsó sacerdotes, deportó a 222 presos políticos quitándoles la nacionalidad. La reforma de 2025 convirtió a Rosario Murillo en copresidenta, le otorgó amplios poderes a su hijo y eliminó la separación de poderes.

Lo ocurrido el 19 de julio era el paso que faltaba, hecho sobre el cual la región debe prestar atención. Hoy Nicaragua se acerca al modelo cubano de partido único.

Un mandato de cinco años es demasiado breve. Capturar un Estado exige tiempos prolongados: renovar magistrados, formar cuadros propios, reemplazar la burocracia y construir una base económica que dependa del gobierno. Por ello el primer movimiento de estos proyectos es romper el límite al mandato. Venezuela lo perdió en el referendo de 2007 y lo consiguió en 2009. Bolivia lo perdió en 2016 y lo obtuvo por sentencia del Tribunal Constitucional en 2017. Ecuador lo aprobó en 2015. Nicaragua, en 2014. Ese indicador temprano debe activar las alarmas.

La prueba contraria indica lo mismo. Colombia prohibió la reelección presidencial en 2015 y ese hecho fijó un límite a Gustavo Petro, quien no pudo negociar sin una Asamblea Constituyente.

Pero los escasos cinco años para instalar el modelo son también insuficientes para revertirlo. Quien llega por alternancia recibe un Estado sin pesos ni contrapesos, un Estado trastocado. Bolivia conserva la Constitución de 2009, con magistrados prorrogados y subsidios imposibles de retirar. Ecuador mantiene la arquitectura judicial del referendo de 2011. El desmontaje excede un mandato, pero el costo del ajuste se siente de inmediato. La población castiga al Gobierno en ejercicio por una crisis heredada, y ese es el peligro que facilita el retorno de los partidos avalados por el Foro de Sao Paulo.

La alternancia es condición necesaria para la democracia, pero no suficiente. Un período no revierte lo construido durante una década, y un proyecto derrotado, que conserva su estructura partidaria, puede regresar. El sandinismo salió en 1990 y volvió en 2007.

Si un gobierno anuncia que no habrá más elecciones, ese país ya había sido tomado tiempo atrás. Las acciones que lo hicieron posible no generaron alarmas, y mientras más terreno ganen, más difícil resulta revertirlas.