El sismo de Chupaca y las falencias en la respuesta del Estado

El 18 de julio del 2026 a las 21:24 horas se produjo un sismo de 5.1 en la escala de Richter; es decir, con magnitud moderada, pero con alto impacto social, seguido de varias réplicas. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, en la región Junín. El sismo provocó el derrumbe de decenas de viviendas de adobe y quincha, fisuras en la infraestructura de hospitales y en vías locales. Ha ocasionado la muerte de seis personas y ha dejado más de 30 heridos, así como entre 350 y 400 damnificados.

El alto impacto social de un sismo catalogado como moderado se ha debido a la vulnerabilidad en que viven los habitantes de las zonas rurales, por el estado en que se encontraban las viviendas de adobe y quincha. También fueron afectados los animales domésticos. El sismo ha recordado, por si hacía falta, que el Perú se halla en el Cinturón de Fuego del Pacífico, en la parte en donde interactúan las placas de Nazca y Sudamericana, lo que explica su alto nivel de sismicidad.

En ese contexto, se impone realizar un análisis de la respuesta estatal para evidenciar las falencias que se deben convertir en lecciones para futuras catástrofes, más aún si se toma en cuenta el aspecto humano de las familias damnificadas. Si bien es cierto que no se compara con grandes terremotos ocurridos en el Perú, como el de Pisco el año 2007, sirve para llamar la atención, una vez más, sobre las medidas de prevención y para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado.

El sismo de Chupaca, visto como un "ensayo", revela brechas persistentes en el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Sinagerd). A cinco días del evento, la respuesta ha avanzado en logística humanitaria, pero muestra demoras significativas en información clave y en la recuperación de servicios esenciales, especialmente sanitarios. En primer lugar, hay falencias en los aspectos operativos generales, como, por ejemplo, la coordinación del Instituto de Defensa Civil (Indeci) con el Ministerio de Salud (Minsa), aunque con buena voluntad se ha mejorado el flujo, pero persiste la superposición de roles entre ambos. Por un lado, Indeci es el ente rector técnico del Sinagerd y, por tanto, coordina a nivel multisectorial y nacional.

Entre tanto, el Minsa tiene un Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES-Salud) y es rector en materia de salud. En este contexto, las direcciones o gerencias regionales de salud dependen funcionalmente del Gobierno Regional pero técnicamente del Minsa; por tanto, se crea una doble cadena de mando que complica la respuesta. Esta superposición genera duplicidad de comandos, demora en la toma de decisiones, diferencia de prioridades y confusión en el liderazgo sobre el terreno, es decir, ambigüedad sobre qué y quién lidera. Además, esta doble cadena de mando genera una evaluación de daños más lenta, porque ambos realizan evaluaciones paralelas, con retardo en la consolidación del reporte unificado, así como en la toma de decisiones para la respuesta, como el restablecimiento de servicios básicos, de las viviendas damnificadas, de la infraestructura sanitaria dañada, en la comunicación, la logística, el apoyo económico, entre otros.

En ese sentido, es necesario fortalecer el comando único, con la promulgación consensuada entre Indeci, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Minsa en materia de emergencia, desastres y defensa nacional, pendiente desde el mes de octubre del 2025, de la segunda sección del Reglamento de Organización y Funciones del Minsa.

En segundo lugar, es necesario reforzar la evaluación rápida y sistemática de los impactos de los desastres, con la digitalización del proceso con aplicativos móviles y drones. En ese sentido, la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), que es un procedimiento técnico y estandarizado a nivel internacional, tiene como finalidad, por un lado, cuantificar los efectos físicos, como viviendas destruidas, infraestructura dañada, hospitales afectados, carreteras, puentes, etc. Y, por otro, identificar qué requiere la población afectada con urgencia, como alimentos, agua, carpas, atenciones médicas y otros. Sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado una EDAN consolidada y definitiva a nivel nacional. El 19 de julio, un día después del evento, se dieron a conocer evaluaciones preliminares por parte de los alcaldes y por la Defensa Civil Local. Luego se han dado a conocer solo reportes regionales parciales. Esta falencia representa una demora de 4 días, hasta la fecha, respecto a estándares ideales, que señalan como máximo de 24 a 48 horas. Como es obvio, esta lentitud afecta la asignación precisa de recursos. A estas alturas, los daños a las viviendas persisten, la electricidad se ha restablecido en modo intermitente y la logística ha mejorado con la llegada de la ayuda, aunque es insuficiente para las zonas altas, como ha sido reflejado por los medios de comunicación.

En tercer lugar, se han producido daños a la infraestructura y al funcionamiento del sector salud. En ese sentido, la demora en la evaluación detallada de daños estructurales, en la EDAN, impide decidir con certeza si algunos centros requieren cierre temporal o reforzamiento urgente. Hasta la fecha, persiste el riesgo de saturación o colapso funcional si ocurriese una réplica mayor. Como se puede apreciar, la rectoría del Minsa no ha conseguido una respuesta ágil o rápida, no solo frente al sismo de Chupaca, sino en el cumplimiento de la guía de la OPS de Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) y el Programa de Hospitales Seguros en América Latina. Es decir, el Minsa debe señalar y trabajar para revertir la brecha en resiliencia hospitalaria frente a desastres. Según reportes preliminares del Minsa, Diresa Junín e Indeci, el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen presenta fisuras estructurales en paredes y techos, daños en áreas de consulta externa y algunos pabellones; por tanto, funciona con restricciones, con prioridad de las emergencias.

También están afectados el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y el Puesto de Salud de Chupuro. Ambos tienen capacidad limitada en las atenciones de la población. En ese sentido, el Gobierno Regional y el Minsa deberán informar sobre la seguridad estructural, la seguridad no estructural y la seguridad funcional frente a los desastres, así como los planes de contingencia y continuidad de operaciones, la capacitación de personal, la energía, el agua, las comunicaciones y la coordinación con Indeci. Hasta la fecha, se han desplegado hospitales de campaña y puestos de salud de avanzada como el de Pumpunya y otros, brigadas móviles y refuerzo de personal, además de vigilancia continua por riesgo de réplicas. En ese sentido, el Minsa debe realizar una auditoría estructural inmediata, con ingenieros especializados, incluso antes del cambio de gobierno, para tomar medidas con protocolos de contingencia incluso con el traslado a instalaciones temporales.

En cuarto lugar, es necesario desplegar la atención psicológica debido al trauma colectivo, así como la mejora de la comunicación, para calmar la ansiedad y otros beneficios, con reportes diarios. Además, hay promesas de ayuda económica que están entrampadas en la burocracia, entre ellas por la falta de la EDAN, que debe destrabarse. Frente a las quejas por robos a los damnificados en los medios de comunicación, es necesario fortalecer la seguridad vecinal o comunal.

El sismo de Chupaca demuestra que las fallas institucionales, la burocracia y la falta de coordinación pueden ser fatales. Incluso, que un sismo moderado en una población vulnerable genera muertes y heridos, todos evitables. ¡Cuidado, las falencias cobran vidas!