Monopolio mortal

Esta semana el presidente Sagasti ha estado en la mira, tras dar una entrevista en la que, tras ser interrogado sobre la posibilidad de que los privados puedan vender vacunas contra el coronavirus, dijo: ‘’Lo que no queremos es que los que tienen plata se vacunen y los que no tienen plata no se vacunen’’. Esta es la política del actual Gobierno peruano frente a las vacunas para el Covid. El mismo Gobierno que hace pocas semanas se vio envuelto en el escándalo del Vacunagate: una camarilla de autoridades se inoculó a escondidas. Ahora, este mismo Gobierno nos habla de ‘’igualitarismo’’, un eufemismo que usa para disfrazar el monopolio indirecto que se ha otorgado a sí mísmo para la distribución de las vacunas.

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, sostiene que no se trata de una decisión del Gobierno, sino que así funciona el negocio con las farmacéuticas a nivel mundial, pues solo se está vendiendo vacunas a los Estados. “Para que un privado pueda comprar, se tiene que haber registrado el medicamento en Digemid. ¿Cuántas vacunas están registradas para que se pueda vender hoy? Solo dos: Sinopharm y Pfizer”, señaló Ugarte. “La norma solo impone una condición: que no contravenga el artículo 234 del Código Penal, que indica que cuando son bienes esenciales, como has sido categorizadas estas vacunas, no pueden cobrar más de lo que cobra el Estado. El Estado no cobra, es gratuito”, aclaró. 

El artículo 234 del Código Penal tipifica al especulador: ‘’El productor, fabricante, proveedor o comerciante que incrementa los precios de bienes y servicios habituales, que son esenciales para la vida o salud de la persona, utilizando prácticas ilícitas que no se sustenten en una real estructura de costos y el correcto funcionamiento del mercado, aprovechando una situación de mayor demanda por causas de emergencia, conmoción o calamidad pública, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años’’.

El artículo hace referencia a ‘’bienes y servicios habituales’’, no a ‘’bienes esenciales’’, como indicó el ministro Ugarte, lo cual es un punto a considerar. Asimismo, el tipo penal hace especial énfasis en las prácticas ilícitas que aprovechan una situación de mayor demanda por causas de emergencia. Esto quiere decir que, siempre y cuando los privados vendan las vacunas de forma lícita y a un precio establecido por el mercado, no se estaría aplicando el tipo penal. Y no –como sostiene el ministro Ugarte– cuando se vende por encima del precio establecido por el Estado, que en este caso sería cero. Bajo la lógica del Sr. Ugarte, todos los proveedores de oxígeno, respiradores, etc., estarían infringiendo el Art. 234, lo que no es el caso. 

El Gobierno utiliza el art. 234 del Código Penal para amedrentar a cualquier privado que quiera comprar la vacuna, aun cuando los privados tienen el derecho constitucional de comercializarla, si así lo desearan. De aplicarse el Art. 234, se violarían los derechos constitucionales del Artículo 2, Inciso 14 de la Constitución: Toda persona tiene derecho “a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”. 

Asimismo, es inconstitucional la posición monopólica que se ha otorgado a sí mísmo el Gobierno. Respecto al régimen económico dispuesto en la Constitución, el Gobierno transgrede actualmente el Artículo 61: “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. (…)”. 

Los oficialistas sostienen que habiendo escasez de vacunas, la adquisición de estas por los privados dejaría sin vacunas al Estado. Sin embargo, el embajador ruso, Igor Romanchenko, ha declarado que el Fondo Ruso de Inversión había negociado con el Perú la compra de 20 millones de vacunas Sputnik V en agosto, y que el gobierno ruso aún está dispuesto a negociar con las empresas privadas, gobiernos regionales y municipalidades el suministro de estas vacunas. 

Los contratos entre estados y farmaceúticas son contratos millonarios y de gran volumen, los cuales no se ven amenazados de ninguna manera frente a contratos pequeños de privados. Una vez que se ha establecido un contrato entre las partes se debe cumplir, por lo que sostener que las farmacéuticas van a sacrificar un contrato importante como es el que tienen con un Estado, para ‘’darle’’ dichas vacunas a los privados, es una falacia. 

Sobre la imposibilidad de que los privados adquieran vacunas, porque ‘’esa no es la realidad’’, ya que los laboratorios solo negocian con estados, tanto Ecuador como Argentina, México, Pakistán y Birmania, están permitiendo a sus empresas privadas y a los municipios importar vacunas. Es el caso del laboratorio Richmond que ha firmado un contrato para producir en la Argentina las vacunas rusas.

Muchos candidatos en campaña acusan a los que están a favor de la participación del sector privado en la adquisición de vacunas, diciendo que buscan dividir a la ciudadanía para ganar un rédito político. Esto no puede estar más alejado de la realidad. Desde un inicio el debate giraba en torno a cuál era la forma más eficiente de combatir la pandemia. Algunos apoyaban la participación de los privados para aligerar la carga del Estado, y otros se oponían. Pero a lo largo de la semana, los opositores a la participación de los privados en la compra de vacunas han llevado el debate a la demagogia auténticamente divisoria, característica de la izquierda: ‘’Ricos contra pobres’’, reduciendo el debate a que son los ‘’ricos’’ los que ‘’quieren saltarse la cola’’ en detrimento de los pobres.

Quienes defienden el monopolio estatal también se han apoyado en el cronograma epidemiológico, sosteniendo que los privados intervendrían y sabotearían dicho cronograma. Esto simplemente no tiene ni pies ni cabeza, pues nada impide al Gobierno seguir ejecutando el cronograma a la par con los privados. El Perú solo se vería beneficiado al combatir la pandemia por ambos frentes.

¿Qué le importa al Gobierno si los privados quieren explorar el mercado internacional de vacunas? Si, como dicen ellos, no hay oferta y los laboratorios no negocian con privados, nada pierden dejando a los privados intentarlo. Lo que en realidad revela la declaración del presidente Sagasti son las razones ideológicas detrás de las políticas del Ejecutivo. El gobierno usa como excusa supuestas barreras burocráticas –como los requisitos del Digemid frente a la vacuna Sputnik V– para imponer su ideología en el país. Prefieren un Perú enfermo pero estatista, a un Perú libre que se recupere gracias a la iniciativa privada.