Lucha frontal contra el acoso

Las víctimas de acoso sexual son en realidad víctimas de un grave delito que —de acuerdo al Código Penal— se sanciona hasta con ocho años de cárcel. No es verdad que una conversación con alguien con quien se tiene cierto grado de amistad otorgue automáticamente alguna clase de licencia o permiso para acosarla sexualmente con frases atrevidas o propuestas indecentes.

Al parecer eso no lo entendió nunca el congresista Yonhy Lescano, quien en lugar de aceptar su conducta antiética y colaborar con las investigaciones del caso buscó en todo momento obstaculizarlas, con una variedad de versiones acerca del origen del chat que lo incriminaba y ataques a la víctima. Incluso cuestionó el derecho que ella tiene a no ser expuesta ante la opinión pública, o quizá con intenciones de intimidar a su acusadora.

Lo que Lescano trataba de hacer era distraernos de la discusión sobre su condenable conducta. Alegó que se vulneraba su derecho a la defensa, pero esa afirmación es falsa. En la sesión de la Comisión de Ética del 5 de marzo último, el congresista de Acción Popular hizo sus alegatos de defensa con la intención de evitar el inicio de la indagación preliminar. También se le dio la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y presentar sus alegatos en la sesión a la que asistieron los testigos; es decir, ante la Comisión de Ética. Finalmente volvió a ejercer dicho derecho en la sesión del Pleno del Congreso de la República del último miércoles, en la que se acordó suspenderlo por 120 días. En otras palabras, se le permitió ejercer su derecho de defensa en todas las instancias.

Como ya hemos señalado, el congresista Lescano cuestionaba reiteradamente que la víctima no dé la cara, olvidando que la ley establece que las diferentes entidades públicas deben tutelar la identidad de las víctimas de acoso y violencia sexual. Si la víctima hubiera deseado revelar su identidad, entonces así lo hubiera hecho; pero ello no era una obligación. Nosotros, como comisión y como congresistas, simplemente cumplimos la ley para evitar victimizar nuevamente a la agraviada.

Debe quedar muy claro que no estamos juzgando si el congresista Lescano es un acosador. Aquí lo que se está tratando de establecer es si el congresista incurrió o no en faltas éticas, que a su vez constituyen agresiones contra la mujer. Las frases escritas en los chats que tuvo en su poder la Comisión de Ética muestran claramente las expresiones desafortunadas e infelices con las que el parlamentario acosaba a la periodista. Frases que él no ha negado, pero que en diversos momentos trató de atribuir a diferentes fuentes, que van desde su propia seguridad hasta algún desconocido que pudo escribir en su teléfono, de alguna manera misteriosa.

Aquí la pregunta que hay que hacerse es si es ético que un congresista, aprovechando el poder que tiene, se tome la libertad de escribir las frases que son de público conocimiento a una periodista. Hay que preguntarnos también qué fue lo que hizo que el congresista Lescano ignorara el pedido de la víctima, que lo instaba a dejar de escribirle de esa manera porque estaba faltándole el respeto.

Lo que discutimos el día miércoles en el Parlamento fue si los mensajes del congresista Lescano constituían o no una falta ética. Y si configuraban un ataque a la mujer, algo que no puede aceptarse ni convalidarse. Menos aún en momentos en que el Perú es testigo de tantas agresiones contra la mujer. Lo que aquí se ha visto es una conducta antiética amparada en la posición de dominio que otorga el hecho de ser un congresista de la República.

Las pruebas fueron bastante claras. El congresista Yonhy Lescano ha vulnerado el Código de Ética y por ello merece la máxima sanción que este establece. No pueden permitirse más abusos contra las mujeres peruanas, y mucho menos aquellos actos que podrían configurar acoso sexual. Le corresponderá al Poder judicial determinar si se configuró un delito de acoso sexual o no.

Lo digo como parlamentaria, como peruana, como mujer y como madre de familia: ¡Cero tolerancia al acoso!