¡Liberar a los partidos políticos del Estado!

Por fin se dio el primer paso para liberar a los partidos políticos de las ataduras de un Estado paquidérmico, antidemocrático y antilibertario. Se espera, como es el deseo de quienes votaron en mayoría por Renovación Popular (RP) y Fuerza Popular (FP), que las bases de la transformación del Estado lleguen con el actual gobierno. 

Por lo pronto, Norma Yarrow, diputada por RP, propone eliminar el financiamiento estatal de los partidos políticos, fondos supuestamente destinados para capacitación de líderes, militantes y simpatizantes. La iniciativa legislativa también propone eliminar la franja electoral en medios de comunicación, otra manera solapada de financiamiento público de medios, fondos que terminaron en medios vinculados a ciertos candidatos.    

Por este pernicioso financiamiento público 43 partidos políticos participaron en las últimas elecciones generales. De esos 43, solo 6 lograron pasar la valla electoral y están representados en el Congreso de la República. El resto intentará mantener su inscripción participando en las próximas elecciones locales y regionales. Los partidos se multiplicaron “comprando” por encargo firmas de adherentes, falsas y verdaderas. Un símbolo cualquiera aseguraba la subvención pública.  

Por este crecimiento desproporcionado de partidos, los presupuestos de las instituciones electorales también se incrementaron. La ONPE destinará a los partidos más de S/ 222,119 millones entre el 2026-2031. En 2025, los partidos con representación parlamentaria recibieron entre más de un millón y más de 600 mil soles. El total repartido superó los S/ 7798 millones. Un negocio rentable para los dueños de los partidos. Súmele a esa rentabilidad los “aportes voluntarios” obligados para acceder a una candidatura. 

Los partidos deben ser liberados del Estado. Por ser entidades promovidas por privados, deben sostenerse con la participación y esfuerzo de sus militantes y simpatizantes. Por la intromisión del Estado, el exceso de organizaciones políticas crea confusión y complica los procesos electorales.  

Fracasó la idea de sostener públicamente a los partidos, según se dijo, para alejarlos de la influencia nociva de aportantes mafiosos y desconocidos. Y se prostituyó el noble interés ciudadano por la política. Los “partidos” creados se constituyeron en plataformas para las peores megalomanías: candidatos sin biografía personal, profesional y pública, y partidos sin locales públicos y militantes. 

La idea del financiamiento surgió de Martín Vizcarra. Un “grupo de notables”, al mando de Fernando Tuesta Soldevilla, preparó la iniciativa votada en referéndum del 9 de diciembre de 2018. Por la influencia del vizcarrismo en medios –subvencionados con millonarios contratos de publicidad estatal– los electores aprobaron la sustitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el financiamiento de organizaciones políticas y la no reelección inmediata de congresistas. Esa mayoría desaprobó la bicameralidad (cámara de senadores y diputados) del Congreso de la República. Muy orondo y seguro de su “acertada propuesta”, Tuesta calificó los resultados como “una victoria aplastante que le da (al presidente Vizcarra) una altísima legitimidad”.

Bueno pues, los partidos tendrán que rehacer sus actividades sin injerencia estatal y de todo aquello que limite la voluntad popular expresada también por los partidos constituidos como guías ciudadanos y líderes de opinión. 

Si pregonamos sobre justicia social, comencemos a gastar adecuadamente los fondos públicos. No habrá justicia si existen privilegios para unos cuantos que no tienen ninguna representatividad. Pero no olvidemos que los progresistas y socialistas son los principales promotores del intervencionismo estatal en todo orden de cosas.