Lecciones del 5 de abril

Fue un 5 de abril de 1992 cuando Alberto Fujimori dio un autogolpe de Estado en el país. Fue un hecho que trajo consigo violaciones a los derechos humanos, compra de la prensa, secuestros, el grupo paramilitar Colina, intervención arbitraria a las universidades públicas, amedrentamiento a la oposición política y social, y corrupción sistemática desde la cúpula del poder.

A 27 años de aquel rompimiento del orden democrático, ¿qué lecciones podemos sacar? Lo primero y esencial: el valor la democracia, no solo como el acto de votar, sino como la afirmación de derechos y deberes ciudadanos, sentando las bases sociales de nuestra responsabilidad democrática. Ese es un tema pendiente desde la transición, allá por el año 2000.

Hay tantos estigmas que aún quedan de ese contexto autoritario. Cuando se protesta —por ejemplo— por el incumplimiento u “olvido” de demandas aún insatisfechas, la prensa y buena parte de actores gubernamentales suelen catalogar como revoltosos o terroristas a los que, con justa razón o no piden, el cumplimiento por lo que le corresponde como peruanos y peruanas. Seamos sinceros, las instituciones en el país tienden mayoritariamente a escuchar y ¿procesar? las demandas sociales cuando se produce una protesta. Ahí podemos apreciar las mesas de diálogo o retrocesos en medidas adoptadas por el Gobierno; como, por ejemplo- con la Ley Pulpín, Conga, Tía María y ahora Las Bambas.

Otra lección que podemos sacar de aquel episodio nefasto para el país es la necesidad de un debate sobre una reforma a la Constitución Política, en la que se tenga como punto principal los derechos de la naturaleza. Esto implica determinar puntos claves de uso de la tierra, como los hay—con todo lo que eso conlleva— en la Constitución Política del Ecuador.

Asimismo, se debe llevar adelante un debate sobre la propiedad del subsuelo, que hasta el momento genera ciertos resquemores, más en la prensa que en los empresarios. ¿A quién pertenece actualmente el subsuelo cuando se encuentra un yacimiento petrolero o minero? Al Estado. En otros países, desde hace décadas, esa parte del territorio pertenece a las comunidades o personas individuales. Vayamos a ese diálogo, necesario para mitigar los conflictos sociales en torno al tema medioambiental que generan la explotación minera y petrolera. Es lo que corresponde.

En el país, hay una complacencia desmedida sobre la Constitución de 1993. Dicen ciertos juristas (que algunos grupos de poder suelen frecuentar), que gran parte de la Constitución de 1979 está en la de 1993. Eso es correcto; pero lo que está en juego hasta ahora es avanzar con otros aportes, que es necesario poner en la Carta Magna. Es algo que queda para el debate.