Las siguientes reformas: más sobre lo mismo

El Perú enfrenta un momento histórico, en el cual la voluntad popular —sedienta de cambios institucionales— se ha expresado categóricamente en las ánforas (referéndum). Y lo sigue haciendo vigorosamente en las calles y en las redes sociales. Esto —insistimos— posibilita y hace imperativo adoptar una agenda de reformas muy ambiciosa, tanto en la diversidad como en la profundidad de los cambios requeridos y reclamados. Complemento ahora lo propuesto en mi previo artículo*, sin pretender fijar un orden prioritario en la agenda de reformas.

Además del indispensable restablecimiento de la bicameralidad, a través de la reintroducción del Senado, el conjunto del sistema electoral requiere ser revisado para, entre otros aspectos, promover la representación equitativa de todos los ciudadanos. Me explico: constitucionalmente todos tenemos derecho a acceder al mismo nivel relativo de representación parlamentaria; es decir, cada parlamentario debiera ser representante de un universo cuantitativamente similar de electores, cuestión que el deformado sistema actual de circunscripciones plurinominales no garantiza, pues no existe genéricamente proporcionalidad entre parlamentarios y número de electores representados.

De ello fluye que, por ejemplo, los peruanos residentes en el exterior, que totalizan un estimado del 10% de nuestra ciudadanía, debieran contar con una representación parlamentaria relativamente proporcional a su magnitud. Vale insistir: el actual régimen de representación parlamentaria resulta inconstitucional por contener ostensibles inequidades. En síntesis, se requiere diseñar un régimen de circunscripciones electorales que creativamente forje un cierto equilibrio entre delimitaciones territoriales y densidades poblacionales.

Esto nos remite a una segunda cuestión, enfilada a lograr la representación efectiva de los electores en el Congreso: una vez elegidos los parlamentarios, su función de representación se diluye, principalmente debido a que las circunscripciones electorales tienen una base territorial (reitero, no necesariamente poblacionalmente proporcional), y a que cubren una extensión amplísima. Si contásemos con circunscripciones electorales mucho más acotadas, como suele ocurrir en las democracias desarrolladas, cada ciudadano podría identificar específicamente qué congresista es su representante, tomarle cuentas sobre su actuación y recurrir a él cuando las circunstancias lo ameriten.

Otra dimensión de reformas que requiere abordarse es la de la delimitación política. El sistema de regiones ha fracasado, en parte porque no logró evolucionar hacia la conformación de macrorregiones o de mancomunidades regionales. Al lado de eso, el Ejecutivo arrastra una deuda histórica por su incapacidad de culminar los procesos de delimitación territorial, por lo que hoy más de 60% de los municipios del país están expuestos a situaciones de precariedad legal y de conflictividad.

No menos importante es la necesidad de reformar el régimen fiscal del canon, que ha probado ser ineficaz y un pote de miel para la corrupción. Se requieren cambios en diversas dimensiones, afirmando la premisa de que los recursos naturales son patrimonio de toda la nación, y no solamente de las localidades de donde provienen. Uno: los beneficios del canon debieran alcanzar también a regiones y municipios que no cuentan con recursos naturales. Dos: parte de los recursos fiscales de canon debieran ser asignados a través de procesos concursales en las localidades beneficiarias, de modo que no representen un derecho adquirido ejercido por las autoridades subnacionales de turno, sino que recompensen la buena gestión pública, requieran de propuestas de inversión solventes y abran la posibilidad de participación en su utilización a otros actores institucionales calificados.

El régimen de canon de investigación universitaria, que genera alrededor de S/ 1,000 millones anualmente, pero que mayoritariamente se desperdicia, requiere también de reformas sustanciales. El CONCYTEC ya viene avanzando propuestas al respecto, y SUNEDU debiera también participar supervisando la gestión de esos recursos. El Gobierno nacional debiera concertar, con las universidades públicas beneficiarias, programas de inversión de este canon, promoviendo la contratación de profesores e investigadores nacionales y extranjeros altamente calificados, el financiamiento de estudios de especialización para los actuales docentes, y el planeamiento de programas de investigación, desarrollo e innovación de alto impacto local.

Adicionalmente, parte de los recursos de este canon debieran invertirse para financiar los costos de estudios de especialización de estudiantes de las localidades beneficiarias y otras, en universidades nacionales y extranjeras de alta calidad. Y también para potenciar las capacidades de los institutos superiores tecnológicos.

 * https://elmontonero.pe/columnas/las-siguientes-reformas

Oscar Schiappa-Pietra

Ph.D. (c), Universidad de Salamanca. MPA, Harvard School of Government. M.Sc. London School of Economics.