Las siguientes reformas

El resultado del reciente referéndum brinda un categórico respaldo a la agenda de reformas propuesta por el Gobierno. Y aún más, dicta un mandato de avanzar vigorosamente en su implementación. Pero este debe entenderse como el punto de partida de un proceso de reformas de mayor aliento, que es lo que el país requiere y la ciudadanía reclama categóricamente.

Sin embargo, existe otro ámbito de reformas que aún no ha sido abordado por el Gobierno: el de las instituciones que regulan el régimen de economía de mercado. El Indecopi, entidad medular en ello, es un ente que concentra demasiadas funciones y las desempeña con poca eficacia, impidiendo que finalmente alcancemos a tener un sano régimen de economía de mercado. Pruebas al canto: en el Perú hay débil protección de consumidores, masivas concertaciones de precios, alta concentración empresarial en determinados sectores, y un sistema concursal que asegura el descuartizamiento de empresas en crisis en vez de posibilitar su reflotamiento.

El diseño institucional para regular el régimen de la economía de mercado, sustancialmente concentrado en Indecopi, resultó funcional cuando fue establecido a inicios de la década de 1990, dentro del contexto de una gravísima crisis macroeconómica y fiscal. Pero las circunstancias actuales, muy distintas a las de entonces, hacen imperativo un rediseño, en aspectos tales como: a) desagregando en una nueva superintendencia la función de protección de los consumidores para dotarla de mayor especialización y eficacia; b) reelaborando la Ley General del Sistema Concursal, a fin de incentivar mayor eficacia en los empeños de reflotamiento de empresas en crisis; c) fortaleciendo las capacidades fiscalizadoras de Indecopi para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas como la concertación de precios; y, d) reforzando su autoridad para contrarrestar las injustificadas concentraciones empresariales. Es hora ya que el Perú trascienda de tener una ilusoria economía de mercado hacia una sólidamente arraigada en las mejores prácticas internacionales, y signada por la equidad, la transparencia, la eficacia reguladora del Estado, la primacía del interés público, y la legalidad.

Es además importante recuperar el proceso conducente al acceso del Perú a la OCDE, pues éste provee a nuestro país un rumbo estratégico de reformas y su evaluación contrastada con las mejores prácticas internacionales. Es penoso que el objetivo de acercamiento a la OCDE carezca de liderazgo institucional y de adecuado respaldo político dentro del Ejecutivo. Mucho debiéramos aprender de Colombia, país que impulsó enérgicamente este proceso y ha logrado ser convocado a integrar la OCDE. He aquí un desafío para dejar de consumir nuestras energías en la coyuntura y enfocarnos en la perspectiva de la Historia.

Existen también acciones adicionales de reformas requeridas en los ámbitos de los sistemas judicial y político, cuyos pasos iniciales han sido categóricamente legitimados por el reciente referéndum. Por ejemplo, la creación de la Junta Nacional de Justicia y los otros proyectos de ley presentados por el Ejecutivo al Legislativo abordan los problemas de corrupción principalmente desde el ángulo de su oferta, pero se requiere también abordar la dimensión de su demanda por parte de los abogados. En el Perú, en general, predomina un régimen de impunidad profesional —valga la redundancia: en todas las profesiones— en buena cuenta debido a la inoperancia de los colegios profesionales como mecanismos de supervisión ética. Sea que se mantenga el actual régimen de colegiatura obligatoria como requisito para el ingreso al mercado profesional, o que se lo sustituya, urge dictar una ley que establezca un conjunto de normas en materia de responsabilidad profesional para cerrarle el paso a la impunidad actualmente imperante. El Proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Legislativo sobre control ético de la abogacía fue elaborado por la Comisión Wagner y requiere mejoras para hacerlo eficaz.

Otro factor que genera demanda de corrupción en la administración de justicia es el del exceso de abogados. En el Perú existimos alrededor de 150,000, lo cual equivale a una tasa estimada de uno por cada 200 habitantes. Aunque los estándares internacionales en esta materia son variados, esa estadística tiene que ser analizada considerando la calidad institucional del mercado profesional nacional; en el caso peruano, como anotamos, es deficientísima. Y, en un mercado profesional mal regulado, el exceso de oferta se traduce en un deterioro en la calidad del ejercicio profesional, particularmente en lo referente a estándares de desempeño ético: deplorablemente, los abogados más corruptos acaban siendo los más competitivos. A la luz de ello cabe cuestionar la pertinencia que el Estado siga subsidiando la formación de más abogados, lo cual, como anotamos, favorece la propagación de la demanda por corrupción en la administración de justicia y, de modo general, el deterioro de los estándares del ejercicio profesional. Quien quiera estudiar Derecho para ser abogado debiera asumir el costo íntegro de su decisión, sin que el Estado lo subsidie a través del financiamiento presupuestal a las facultades de Derecho en las universidades públicas, o de la exoneración tributaria en el caso de las privadas.

En el ámbito político, una de las reformas urgentes es la del acotamiento de la inmunidad parlamentaria, para que la función de congresista deje de ser un refugio para quienes huyen de la acción de la justicia. Por ejemplo, el Congreso, ante una sentencia condenatoria definitiva, debiera tener un plazo perentorio para levantar el fuero del congresista reo, y vencido este sin que se haya tomado una determinación, debiese operar una presunción legal de aprobación que habilite la captura inmediata y lícita de aquél.

El mandato ciudadano emanado del referéndum nos obliga a redoblar los esfuerzos de reforma, a ser creativos y a aspirar hacia el cielo. Lo merecemos, y se lo debemos a las siguientes generaciones.