La polémica semana de representación

Uno de los pilares sobre el cual descansa la legitimidad democrática del parlamento es el ejercicio de su función representativa. Es una expresión pura de la relación e identificación mutua entre los parlamentarios y el electorado, con la expectativa de ser atendidos en sus necesidades y demandas. La función representativa de un parlamentario obedece al encargo del pueblo de velar por sus intereses, para lo cual realiza una acción coordinada con los órganos de gobierno competentes en la atención de las demandas. Además promueve la participación ciudadana a través de mecanismos democráticos como la conformación de comisiones, las visitas institucionales, la interacción a través de la Dirección de Participación Ciudadana, las audiencias y la Semana de Representación.

La realización de cualquiera de las actividades de representación, por medio de cualquiera de los mecanismos antes citados, significa un gasto planificado y comprendido como tal en la partida presupuestal del Congreso. Por ello, cuestionar la Semana de Representación por el gasto que significa, en vez de promover su correcto y eficaz uso, obedece a una medida populista que desconoce la importancia de la función congresal.

El artículo 23, literal f del Reglamento del Congreso señala de manera explícita, como parte de los deberes funcionales de los congresistas, “mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades, y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo”. La modalidad establecida de días consecutivos obedece a la necesidad de planificar una serie de actividades en cada región, convocando a las organizaciones civiles con antelación y de manera oportuna a fin de medir mensualmente la efectividad de las actividades realizadas.

En ese orden de ideas, conforme lo establece el mismo Reglamento, el Consejo Directivo aprueba el calendario anual de sesiones del pleno y de las comisiones considerando la semana de representación. Esta puede ser modificada en su programación, si fuera necesario, con la finalidad de cumplir los objetivos establecidos en la agenda parlamentaria. Además, la realización de la semana de representación se basa en un formato de rendición de cuentas en el que debe sustentarse el empleo de la asignación de S/ 2,800 en actividades, priorizando las audiencias con las autoridades locales.

La cuestión se centraliza en la falta de una adecuada y permanente seguimiento del empleo de los recursos para la realización de la Semana de Representación, a cargo de la Dirección General de Administración del Parlamento y de Oficialía Mayor. La finalidad es hacer conocer estas actividades al Consejo Directivo para que tome las medidas correspondientes. La vulneración por parte de los congresistas de los principios de transparencia, veracidad y honradez es sancionada conforme a su código de ética.

En resumen, desaparecer la Semana de Representación no contribuye a fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República. Existen los mecanismos de seguimiento y control para el cumplimiento de la función de representación, pero poca voluntad para hacerlos efectivos.