Justicia capturada, democracia inviable

He expuesto en varios artículos cómo las décadas de subversión ideológica –mediante la captura progresiva del magisterio, el clero y la academia (la educación)– vienen produciendo generaciones desinformadas, presa fácil de la manipulación para la destrucción de las instituciones democráticas. Las democracias occidentales se debilitan cuando son atacadas desde dentro; asistimos al efecto previsible, planificado y conducido. Por tanto, para enfrentar exitosamente este problema con éxito hacen falta objetivos, estrategias y conducción deliberada. 

Como parte de la misma estrategia, la judicialización de la política y la politización de la justicia hacen que cada vez menos miembros prominentes de una sociedad se animen a ingresar a la arena política o la función pública, con el consiguiente deterioro en la función estatal. Y en el Perú se produce, en simultáneo, una captura progresiva de uno de los poderes del Estado por un grupúsculo que jamás ha obtenido el favor del voto popular: los autodenominados progresistas, coloquialmente los “caviares”, (individuos partidarios del camino progresivo hacia sociedades totalitaria bajo su control), quienes han ensamblado una comunidad pseudo académica en la que han reemplazado el rigor científico por la abundancia de aplausos locales y de sus aliados globales. Ellos han reemplazado la verdad y la justicia mediante su relativización y la repetición de la mentira, torciéndolas a su antojo bajo la cobertura de los apodos “social” o “histórica”.

Paralelamente a la infiltración de pseudo especialistas con productos de calidad ciertamente deleznable en los poderes ejecutivo y legislativo, han venido usando el camino de la capacitación, certificación y premiación para impulsar el ascenso de sus peones, y la cancelación de quien se atreva a oponérseles, en su hasta ahora exitoso afán para controlar el Poder Judicial (único Poder cuyos miembros no son elegidos por votación ciudadana) y el Ministro Público, motivando al interno una guerra civil de impredecibles consecuencias.

Si el “Golpe de Estado mediante el control sectario del aparato judicial”, no es derrotado, la democracia muere irreversiblemente. Las imprescindible purga y reforma requieren solvencia moral y jurídica, de momento no percibidas en el Poder Legislativo.