Falta transparencia fiscal

La razón por la que los problemas del país no se resuelven y crecemos, pero no nos desarrollamos (trampa del ingreso medio), es simple. Los responsables de su solución (Ejecutivo-Legislativo) no soportan los costos de no resolverlos. Quienes soportan dichos costos somos los ciudadanos y suelen ser costos incalculables, como el bienestar no alcanzado y las oportunidades perdidas. Esto sucede a pesar de que la transparencia fiscal se inició hace casi 20 años, pero nuestra institucionalidad no hace evidentes estos costos. Una institucionalidad que resulta insuficiente, como el siguiente ejemplo demostrará.

El 27 de abril del 2016, durante el gobierno de Ollanta Humala, el MEF publicó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2017-2019. En dicho informe, el MEF dejaba una clara advertencia al siguiente gobierno: “Para sostener un crecimiento económico en el mediano plazo mayor al 4.0% es imprescindible profundizar las reformas estructurales ya iniciadas y adoptar nuevas reformas. Dichas reformas conllevan costos fiscales que deben ser financiados, en primer lugar, a través de una mayor generación de ingresos fiscales permanentes.

La principal restricción para incrementar los niveles de gasto público no es el déficit fiscal o el incremento del endeudamiento público sino los bajos niveles de ingresos fiscales”. Lamentablemente, el gobierno de PPK no asumió responsablemente la urgencia de incrementar los ingresos fiscales permanentes y, a causa del Fenómeno de El Niño (FEN) y las repercusiones de la gran corrupción, tuvo que relajar las metas de déficit fiscal convencional (postergar la consolidación fiscal) y eliminar la regla fiscal estructural; una lástima. Pero no solo se alteraron los objetivos de la política fiscal, sino especialmente la posibilidad de incrementar el producto potencial del Perú. Se postergaron las necesarias reformas estructurales del país. Se subestimó la importancia de la política fiscal para proveer de más y mejores recursos para el logro de objetivos de bienestar de la población.

Esto se comprueba revisando el vigente MMM 2019-2022 (publicado el 22 de agosto del 2018), en el cual el MEF divide el panorama de la economía local en dos periodos: al primero (2018-2019) lo denomina de “Consolidación del crecimiento”; y al segundo, “Apuntalamiento del crecimiento potencial” (2020-2022). Analizar a la vez ambos MMM nos lleva a concluir que se perderán casi cuatro años de políticas de “apuntalamiento del crecimiento potencial” al haberse dejado en suspenso las reformas que deben sostener el crecimiento el tiempo suficiente para generar mejoras palpables en los ingresos promedio por persona.

El primer periodo intenta recuperar un crecimiento mínimo del PBI de 4%. Y en el segundo recién se buscará impulsar el crecimiento del PBI potencial a los niveles del 2002-2013 (5.5%). Un periodo durante el cual la tasa de crecimiento promedio de la economía peruana fue de 6.1% anual, debido a los altos precios de materias primas y favorables condiciones externas de financiamiento.

Aun cuando se podría pensar que eventos imprevistos como el FEN y la corrupción generaron un retraso justificado de lo planificado hasta entonces, cabe recordar que estar preparados para enfrentar desastres naturales recurrentes, así como el combate contra la extendida corrupción son y han sido siempre responsabilidades de nuestros gobernantes. Nuestro Estado tiene un lema que se ha ganado con mucho esfuerzo: “más vale tarde que nunca”. La demora en resolver problemas críticos y la falta de un verdadero “sentido de urgencia” respecto a reformas pro productividad y pro competitividad, es lo que sigue caracterizando a nuestras autoridades. La moraleja es que no es suficiente la tan aclamada transparencia fiscal si no está unida con una verdadera “rendición de cuentas”. Es decir, el compromiso de los responsables a cumplir con metas y objetivos ofrecidos, y soportar las consecuencias de su incumplimiento.

Se debe redefinir la institucionalidad a fin de que los ciudadanos podamos advertir y exigir que nuestras autoridades rindan cuentas claras de la implementación de lineamientos de política que ellos mismos han establecido; así como del avance de la ruta que se seguirá en los próximos meses y de los costos de cualquier desvío. El pedido de confianza del gabinete Del Solar es la oportunidad para que el Ejecutivo defina el sentido de urgencia para las reformas, a fin de comprometer en su diseño y ejecución no solo a la clase política, sino también a los ciudadanos, sector privado y academia.

La Política Nacional de Competitividad y Productividad, con las mejoras que puedan requerirse, debe ser el eje fundamental de las acciones del Ejecutivo y Legislativo los restantes meses del Gobierno. Solo así se podrá reducir las brechas que someten el bienestar de los peruanos de hoy y del futuro a la buena (o mala fortuna) de la inversión pública y de los términos de intercambio.