Es hora de salir de la trampa del ingreso medio

Perú fue, hasta 1990, una economía de ingreso bajo estructuralmente estancada. El modelo de sustitución de importaciones, sostenido con aranceles altos, control de precios, subsidios estatales y una empresa pública hipertrofiada, generó un déficit fiscal crónico que terminó en la hiperinflación de finales de los ochenta: el PBI se contrajo 12.3% en 1989, comparable solo a las recesiones de 1983 y de la propia década perdida. La pobreza superaba el 50% de la población, la inflación llegó a un pico histórico de 2,777% y el Estado empresario absorbía recursos sin generar productividad.

El quiebre llegó con las reformas de primera generación de los años noventa: apertura comercial, privatización de empresas públicas, disciplina fiscal y autonomía del Banco Central de Reserva. El resultado fue contundente: en 1994 el PBI creció 12%, resultado directo de la estabilización macroeconómica y de la reactivación de la inversión. Esas reformas multiplicaron el tamaño de la economía peruana y sostuvieron un ciclo de expansión que, entre 2004 y 2019, redujo la pobreza monetaria en más de 38 puntos porcentuales. Perú pasó de ser un país de ingreso bajo a un país de ingreso medio en apenas tres décadas.

Ese ciclo se agotó. La pandemia interrumpió la trayectoria con una contracción del PBI de 10.9% en 2020 y un salto de la pobreza de 20.2% a 30.1%. La recuperación posterior ha sido incompleta: en 2025 la pobreza monetaria afectó al 25.7% de la población, todavía por encima del nivel prepandemia. La pobreza extrema, al mismo tiempo, aumentó de 2.9% en 2019 a 4.7% en 2025, con 682,000 personas más en esa condición que antes de la crisis. La brecha rural-urbana persiste como problema estructural, con la población rural soportando tasas de pobreza casi el doble que la urbana.

Ese estancamiento es la trampa del ingreso medio. El Banco Mundial identifica con precisión su causa en el caso peruano: la desaceleración del crecimiento de la última década se debe al bajo desempeño de la productividad total de factores, del capital humano y de la inversión, un patrón que persistirá si no se aplican reformas estructurales ambiciosas. Las reformas de primera generación —apertura, estabilización, privatización— agotaron su capacidad de generar crecimiento porque atacaban restricciones macroeconómicas, no las capacidades productivas de la población. Entonces, por más que el Perú pueda seguir exportando cobre y creciendo al ritmo de los precios internacionales de los commodities, sin transformar su capital humano no logrará dar el salto hacia una economía de mayor valor agregado. El propio Banco Mundial calcula que, con reformas estructurales sólidas, Perú podría crecer en promedio 5% anual, acercándose a convertirse en un país desarrollado con ingresos altos en 2042.

En este contexto es donde entran a tallar las reformas de segunda generación, las cuales atacan esa restricción de fondo: capital humano, instituciones y productividad. En educación el país todavía enfrenta problemas de calidad y pertinencia de los aprendizajes, con estudiantes que no alcanzan las competencias necesarias en áreas fundamentales y una formación docente que requiere elevar sus estándares de desempeño y capacitación continua. En salud persisten importantes brechas de acceso y calidad, especialmente fuera de las principales ciudades, además de déficits de infraestructura, personal y capacidad de atención que afectan la acumulación de capital humano. En ciencia y tecnología, la inversión en investigación y desarrollo permanece muy por debajo de economías comparables, con una articulación débil entre universidades, empresas y Estado, lo que limita la capacidad del país para generar innovación tecnológica sostenida.

Estas tres brechas —educación, salud, ciencia y tecnología— son la explicación directa de la baja productividad peruana. Un trabajador con educación deficiente, con acceso limitado a servicios de salud y sin ecosistemas de innovación que absorban su talento, produce menos valor por hora trabajada que un trabajador equivalente en una economía con instituciones sólidas. Esto es así porque la productividad solo mejora cuando el capital humano de un país eleva su capacidad de generar, adoptar y aplicar conocimiento. Sin ese salto Perú seguirá exportando materia prima de baja transformación y compitiendo por costos laborales bajos, en lugar de competir por valor agregado.

Así pues, si Perú no rompe la trampa del ingreso medio, el riesgo no es solo el estancamiento económico: es la consolidación de una sociedad con techo de desarrollo bajo, donde la movilidad social se congela, la informalidad laboral se perpetúa y la brecha con las economías que sí dieron el salto —Corea del Sur, Chile, los países del sudeste asiático— se amplía en lugar de cerrarse. El Banco Mundial es explícito: para escapar de la trampa se necesitan instituciones sólidas del sector público capaces de implementar reformas, gestionar inversión pública y ejecutar políticas con eficacia, y advierte que la volatilidad institucional es precisamente lo que ha bloqueado ese salto.

En los años noventa el gobierno de Alberto Fujimori ejecutó las reformas de primera generación que permitieron estabilizar la economía, abrir los mercados y sentar las bases del crecimiento que transformó al Perú durante las siguientes décadas. Tres décadas después Keiko Fujimori tiene la oportunidad de completar ese proceso. Si su padre contribuyó a construir las bases económicas sobre las que se desarrolló el Perú contemporáneo, en ella está la posibilidad de impulsar la segunda generación de reformas que el país necesita: educación y salud de mayor calidad, ciencia y tecnología, instituciones eficaces, un mercado laboral moderno y una economía capaz de generar mayor valor agregado.

Esto también exige respetar los contratos y reducir la discrecionalidad regulatoria para atraer inversión de largo plazo, promover la formalización y flexibilización del empleo como mecanismos para elevar la productividad y ampliar la protección social. Y también articular políticas económicas que permitan industrializar y agregar valor a sectores estratégicos del país, como las agroexportaciones, la minería y el turismo.